El dr. Damián Barbosa manifestó este miércoles que el proyecto que impulsa el senador Juan Pablo Allan para modificar la Ley de ejecución Penal bonaerense y adaptarla a la legislación nacional es "una reacción espasmódica" al hecho de inseguridad que tuvo lugar el pasado domingo 5 de noviembre en Ringuelet, que concluyó con el asesinato de la nena de 12 años Abril Bogado
"La modificación de la ley de Ejecución provincial, la ley 12256 es una reacción espasmódica al hecho lamentable que vivimos hace pocos días en La Plata con el asesinato de una pequeña niña en medio de un asalto" resaltó en diálogo con JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA .
Quien se desempeña como secretario de ejecución penal del Colegio de Abogados de La Plata y presidente de la Comisión de Asuntos Penales y penitenciarios del mismo organismo, indicó que la medida que impulsa Allan se trata de una acción que "introduce la política partidaria y que intenta brindar soluciones que no solucionan nada".
En este marco precisó que "el problema de la inseguridad es muchísimo más profundo que cambiar una ley, ya que con la modificación de una norma no se soluciona la problemática de fondo que es muchísima más compleja y en donde todos los actores del sistema penal tenemos que realmente dialogar y empezar a ver las graves falencias que tenemos".
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En la misma línea sostuvo que "el problema es la falta es una política criminal. "Los últimos días se hablaron cosas en caliente y hay que ver la realidad que tenemos, la infraestructura con la que se cuenta, ver de qué hablamos cuando nos referimos a informes criminológicos, si el personal penitenciario está capacitado o no para la elaboración de estos informes y no buscar culpables cayendo en el facilismo de de decir que los jueces con su firma matan a personas, lo cual es una barbaridad. Se debe hacer una análisis completo de la situación".
Añadió al respecto que se debe poner el foco en cómo se elaboran los informes que evalúan si un preso está o no en condiciones de recibir un beneficio de libertad. Sobre este punto remarcó que "muchos de estos documentos suelen aconsejar que no se concedan derechos a los privados de libertad por lo que los jueces muchas veces se la tienen que andar jugando para hacer lo que tienen que hacer".
"Los informes son prácticamente un copio y pego. No digo en todos los casos si no en su gran mayoría y nadie quiere arriesgarse a nada porque después ocurren hechos trágicos como estos, (el crimen de Abril), se buscan los culpables y se comienzan a pedir la cabeza de distintos funcionarios" sostuvo.
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