Allanaron oficinas de la Armada para investigar posibles “irregularidades”

La Policía Federal allanó ayer oficinas del Edificio Libertad, donde se asienta el comando de la Armada, en el marco de una causa en la que se investigan posibles irregularidades en la contratación de los proveedores que participaron de la reparación del ARA San Juan, el submarino desaparecido hace 34 días con 44 tripulantes a bordo.

En tanto, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, oficializó la designación del vicealmirante José Luis Villan como Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, “en forma interina y provisoria”, hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional designe de modo definitivo a quien desempeñará ese cargo.

El allanamiento fue ordenado por el juez federal Sergio Torres en el marco de una causa abierta tras una denuncia presentada el viernes último por la diputada oficialista Elisa Carrió contra ex ministros de Defensa de la gestión kirchnerista por “asociación ilícita”.

El operativo estuvo a cargo de la división de la Policía Federal que investiga delitos vinculados al lavado de activos, e incluyó también a la empresa Ferrostaal Argentina, ubicada en Lima al 300, en el centro porteño.

Los procedimientos se realizaron en busca de documentación vinculada con las contrataciones de las empresas que se encargaron de la reparación de la flota de mar y submarinos, en distintos casos, además del ARA San Juan, tal como había denunciado Carrió.

En su denuncia, la diputada y cofundadora de Cambiemos sostuvo que tenía información “para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino que además el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas”, entre 2005 y 2015.

En otro orden, la designación provisoria de Villan al frente de la Armada, que ya se había dado a conocer el martes, se debe a que el cargo se encontraba vacante desde el “retiro obligatorio” del almirante Marcelo Srur, jefe de la fuerza.

Srur recibió el pedido de pase a retiro en medio de la crisis que desató en la fuerza la tragedia del submarino ARA San Juan.

ACUSADOS

La diputada Carrió sostuvo en su denuncia que las contrataciones se habrían realizado a través de procesos irregulares destinados a beneficiar a las empresas Hawker GMBH y Ferrostaal AG, mientras que los funcionarios acusados fueron los ex ministros de Defensa y actuales diputados nacionales del FPV-PJ Agustín Rossi y Nilda Garré, como así también del ex ministro Arturo Puricelli, a quienes les endilgó los presuntos delitos de “asociación ilícita”, “defraudación contra la administración pública”, “cohecho”, “malversación de caudales públicos”, “violación de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”.

En el escrito, impulsado por la fiscal Alejandra Mangano, Carrió también le solicitó a la Justicia que se investigue la conducta de las autoridades y representantes del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar), formado por la integración de los astilleros Tandanor y Almirante Storni.

Secreto

Distintas versiones señalaban ayer que se habría encontrado un documento secreto elevado a autoridades de la Armada, en el que apuntaba que el submarino ARA San Juan no se encontraba en las condiciones técnicas ideales para salir a navegar.