Forman dos comisiones para saber qué pasó

El Gobierno oficializó ayer la creación de una comisión asesora que colaborará con la investigación sobre la desaparición del submarino ARA San Juan, cuya búsqueda continúa en una zona delimitada por un radio de 40 kilómetros cuadrados.

La comisión asesora fue creadas por el presidente Mauricio Macri a través de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.

La Comisión, que elaborará informes para la cartera de Defensa, estará integrada por el contralmirante Alejandro Kenny, el contralmirante Gustavo Trama y el capitán de navío Jorge Rolando, quienes trabajarán “ad honorem” para investigar “un hecho de características gravísimas que merece de todos los esfuerzos al alcance del ministerio”.

“Es un hecho de características gravísimas que merece todos los esfuerzos”

Tendrá potestades para “requerir los informes, datos y documentos, como así también el acceso a lugares que ella disponga visitar y, asimismo, para citar a dar testimonio oral a aquellos funcionarios y agentes de la Jurisdicción o a expertos particulares argentinos o extranjeros, a los fines del cumplimiento de los objetivos de su creación”.

EN DIPUTADOS

Asimismo, en la madrugada de ayer la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que crea una comisión investigadora bicameral para investigar los motivos de la desaparición del ARA San Juan.

El plenario legislativo aprobó y giró al Senado esta iniciativa. Esta otra comisión estará integrada por seis diputados y seis senadores, elegidos respetando la pluralidad de los bloques parlamentarios, y contará con la participación de tres ex miembros de la Armada que tengan un rango no inferior a Contraalmirante, y dos militares o civiles expertos en defensa.

Uno de los puntos que se agregó a pedido del kirchnerista Horacio Pietragalla Corti -nieto recuperado-, es el requisito de que esos militares no tengan ningún proceso vinculado con los delitos de lesa humanidad.

La creación de esa comisión, que debe ser respaldada por el Senado, deberá producir un informe en un plazo de 360 días desde que se formalice su constitución.