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Mientras reúnen pruebas, todavía no se les asignó delito
La fiscal Susana Alonso, a cargo de la investigación de las dos muertes ocurridas en el recital del Indio Solari en Olavarría, imputó a los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, dueños de la productora En Vivo SA, organizadora del evento, aunque todavía no les asignó ningún delito debido a que “se están reuniendo pruebas” para llamarlos a declaración indagatoria.
El fiscal general de Azul, Angel Sobrino, dijo que “se están reuniendo los elementos necesarios para evaluar qué delito se les imputa, técnicamente se les informó que están dentro de lo que dictamina el artículo 60 del Código Penal, mediante el cual dejan ya de estar en calidad de testigos”.
Los hermanos Peuscovich organizan desde hace más de 10 años los recitales del Indio Solari, y la fiscal Alonso ya ordenó varios allanamientos, entre ellos su oficina de la calle Lavalle en la Ciudad de Buenos Aires.
“Uno de los elementos que se está investigando es el contrato que firmó el municipio de Olavarría con la productora con el objetivo de establecer responsabilidades”, aseguró Sobrino, quien detalló que no se descarta que se llame al propio Indio Solari a ampliar su declaración testimonial.
De esta manera, Matías y Marcos Peuscovich, directores de la productora “En Vivo SA”, que organizó el recital que Carlos “Indio” Solari dio el sábado en Olavarría, donde murieron dos personas y varias resultaron heridas, quedaron apuntados por la Justicia.
Por la mañana, policías federales habían allanado, por orden de la fiscal de Olavarría Susana Alonso, la productora de los hermanos Peuscovich, en el microcentro porteño, encargada de la producción integral del show del Indio Solari.
Ya por entonces, el fiscal general de Azul había señalado que ambos empresarios “están bajo sospecha”, al tiempo que deslizó que ya se evalúan imputaciones, y confirmó que a raíz del recital “sólo tenemos dos personas fallecidas”, por lo cual la carátula de la causa sigue bajo el título de “averiguación de causales de muerte”.
También ayer, el jefe de las fiscalías, de la cual depende la jurisdicción Olavarría a cargo de Susana Alonso, dijo que había “muchas posibilidades” de que la causa pase a caratularse como “estrago doloso”, figura penal que prevé una pena de prisión que oscila entre los 10 y 25 años.
Los efectivos de la Policía Federal allanaron las oficinas en Buenos Aires de la productora encargada del recital, en el domicilio fiscal registrado ante la AFIP, ubicada en el cuarto piso de la calle Lavalle al 421, en la ciudad de Buenos Aires.
La policía buscó allí documentación e información referida a la venta de entradas y otros datos concernientes al concierto del fin de semana en la ciudad bonaerense de Olavarría.
A su vez, el fiscal general explicó que en este tipo de investigaciones “vamos de lo particular a lo general” y por eso apuntó que ante los datos que posee la Justicia de que habría “personas desaparecidas, no podemos descartar que haya más fallecidos” (ver pag 17).
Sin embargo, remarcó que tras los rastrillajes, averiguaciones en morgues y hospitales de la región, se determinó que en el marco del recital de Solari “sólo hubo dos personas fallecidas”, Javier León, de 42 años, y Juan Francisco Bulacio, de 36.
Por otra parte, para ayer estaba previsto que los hermanos Peucovich prestaran declaración testimonial, aunque finalmente esa diligencia debió ser reprogramada, “luego de que cambiara su situación procesal”, según explicó el fiscal Sobrino.
También gran cantidad de declaraciones testimoniales, entre los cuales hay policías, personal de seguridad, efectores de salud y testigos de los hechos, se tomaron para determinar cual fue el control que hubo a la salida del recital.
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