El tránsito de la Región demanda que se apliquen con dureza penas a los infractores

Los distintos tipos de incidentes viales que se registran con el tránsito automotor en la Región se han convertido en la primera causa de muerte, por encima las que originan los hechos de inseguridad delictiva. Se habla en nuestra zona de una estadística ciertamente escalofriante, que en lo que va del año se traduce en que ya son 32 las víctimas fatales. Una cifra elevada de por sí, pero cuya magnitud se agrava si se la confronta con el número de habitantes existente en zonas más densamente pobladas que, sin embargo, comparativamente, exhiben una mucho menor cantidad de víctimas. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por el tránsito automotor en la Ciudad de Buenos Aires es la más baja del país.

Lo cierto, entonces, es que se ha llegado a extremos inconcebibles de anarquía y de riesgo en las calles y caminos locales y que, en ese contexto, las campañas de educación vial -que se han impulsado y concretado en numerosas ocasiones- han demostrado no sensibilizar a los automovilistas, de tal modo que sólo cabe demandar de las autoridades que se apliquen con mayor rigurosidad las leyes del tránsito y se penalice a los conductores que las transgreden.

En este sentido, constituye un cercano y valioso ejemplo lo dispuesto en estos días por la justicia porteña en relación con una persona acusada de correr picadas en la avenida 9 de Julio, sobre quien el juez dictó la presión preventiva del acusado. Para ello se tomó en cuenta la enorme gravedad y el peligro en que el conductor transgresor puso a las personas y los bienes, según argumentó el fiscal actuante. Como se sabe, el automovilista se encuentra arrestado hace tres días.

Desde luego que existe en la escala de penalidades prevista para los transgresores a las leyes del tránsito una serie de sanciones menores, como las multas, que, sin embargo y tal como lo demuestra la experiencia, adquieren relevancia social en la medida en que el poder público las aplique en forma continuada y sin excepciones. Se trata, tan sólo, de que la autoridad respete a ultranza los procedimientos que puedan desembocar en eventuales sanciones.

Lo cierto es que pasa el tiempo y los hechos concretos siguen evidenciando que no se registran mejoras en el fenómeno del tránsito y que, por el contrario, la inseguridad vial impera tanto en nuestra zona, como buena parte del resto del país. La mayoría de los datos que se obtienen resultan desalentadores, en una situación que debiera obligar a las autoridades a combatir esta realidad que exhiben las calles.

Dura lex sed lex, es una expresión del derecho romano, que invita a respetar y a hacer respetar la ley, por dura que parezca ser. Ese respeto irrestricto a la ley producirá beneficios inmediatos y futuros a la comunidad.

En materia de leyes de tránsito, las hay en nuestro país y fueron elaboradas por especialistas y reguladas con celo por los cuerpos legislativos. Como se ha dicho, sólo es necesario que faltas como el exceso de velocidad, los cruces con luz roja, los giros indebidos y las distintas transgresiones sean debidamente detectados y luego castigados sin excepción por el poder público. Las mejoras en el comportamiento de los automovilistas, observadas en muchas ciudades en donde se aplican con rigurosidad las leyes del tránsito, debieran constituirse en valiosos antecedentes para las autoridades locales.