Confusión y debate por una resolución que regula las incumbencias profesionales

La Resolución 1,254 del Ministerio de Educación de la Nación disparó confusión en el ámbito universitario y profesional, pero a su vez abrió un debate en diferentes sectores con miras al futuro educativo y laboral.

La resolución se conoció en los últimos días y ya disparó enfrentamientos sobre incumbencias entre ingenieros y agrimensores, tal como publicó este diario en la edición del lunes último. Sin embargo, eso es sólo la punta del iceberg.

La nueva normativa que se publicó en el Boletín Oficial está relacionada con Ley de Educación Superior, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, en la que se determinó la figura de “carreras de interés público”, pero ahora mediante la reciente resolución, el ministerio que conduce Alejandro Finocchiaro determinó que haya carreras que son consideradas de riesgo público, que tendrán la tutela del Estado en su etapa formativa.

Según Ana María Barletta, vicepresidenta académica de la Universidad Nacional de La Plata, dijo que “lo que se publicó en el Boletín Oficial es el resultado de cuatro años de debate y trabajo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por universidades públicas, privadas y consejos profesionales. La resolución no aplica recortes de alcances de las profesiones”.

La funcionaria de la UNLP, que participó en los primeros años del debate, remarcó que “la formación académica y la habilitación profesional sigue siendo potestad de las universidades”.

Según se explicó en medios oficiales hay carreras que tendrán que dictarse bajó parámetros unificados y son las que representan un riesgo para la salud, los derechos, los bienes, la seguridad y la formación de los habitantes. En este lote hay carreras que se dictan en 12 de las 17 facultades. Las carreras involucradas se dictan en Medicina, Ingeniería, Arquitectura, Psicología, Odontología, Exactas, Veterinarias, Economía y Agronomía. Las que quedarían exceptuadas en un principio son las que se dictan en Humanidades, Bellas Artes, Periodismo, Ciencias Astronómicas y Trabajo Social.

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Las carreras que representen un “riesgo” deben ser certificadas por la Comisión Nacional de Educación Universitaria (CONEAU). Las carreras se revalidan cada tres o seis años.

También se resaltó que la resolución 1.254/18 no afecta a los actuales profesionales ni a los estudiantes que cursan en la actualidad.

Fuentes del ministerio de Educación de la Nación explicaron que “si las carreras que tienen diferentes nombres o se dictan en diversas facultades y cumplen con los requisitos para ejercer la profesión, permitirá a egresado de distintas casas de estudios llevarla a cabo. No se recortan incumbencias”.

Sin embargo, no todos los sectores involucrados interpretan la resolución en esos términos. Por ejemplo, para la Federación Universitaria de La Plata, “es un recorte de contenidos de grado, por lo que obligará a futuros graduados a realizar cursos de posgrado, que en su mayoría son pagos, para ejercer. Es una política del macrismo que apunta a debilitar la educación pública y gratuita. Además busca retomar ty aplicar normativas que no pudieron llevarse a la práctica en los años 90”, dijo su presidenta, Gisela Cernadas.

En los colegios profesionales también disparó distintas reacciones. Por un lado, los agrimensores entienden que la resolución les otorga, prácticamente, la exclusividad en trabajos de mensura y con este se pone fin a un largo conflicto de intereses. Sin embargo, los ingenieros entienden que no es así. Apuntan que la resolución no tiene efecto en los profesionales que ya están ejerciendo la actividad ni en los estudiantes que están cursando en la actualidad. Además, estudian judicializar las posibles consecuencias de la normativa.

En tanto, desde el colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires advirtieron que “ante el posible avasallamiento de derechos adquiridos se realizarán presentaciones administrativas y judiciales correspondientes para preservar el trabajo de los matriculados.

Otros colegios profesionales (psicólogos y bioquímicos) también realizaron objeciones a la normativa que se dio a conocer en las últimas horas, correspondiente al artículo 43 de la Ley de Educación Superior y evalúan contrarrestar los efectos en lo administrativo y judicial.