Lanzan medidas para asegurar la realización de las obras públicas

Es un intento por salvar la obra pública que se va a llevar adelante a través de la participación público-privada (PPP), el Gobierno anunció hoy la creación de un fideicomiso para financiar las obras ya licitadas bajo ese esquema ante las dificultades que afrontan algunas empresas para conseguir financiamiento para el inicio de las tareas luego que estallara el escándalo de "los cuadernos de la corrupción".

Ocurre que entre restricciones locales y normativas internacionales, los bancos deben aguardar el desarrollo de la investigación judicial por corrupción en el que hay empresas involucradas antes de acordar el otorgamiento de un préstamo.

Ya que las obras deben comenzar en octubre, y el accionar de la Justicia puede llevar más tiempo que el disponible, el Gobierno decidió implementar este instrumento para destrabar los créditos a corto plazo que ya se estaban negociando.

"El Gobierno tiene la profunda convicción de la necesidad de separar a las empresas de las personas que hicieron actos contrarios a la Ley", afirmó esta mañana el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, durante el anuncio.

"El fideicomiso va a ser creado bajo la ley de PPP, donde se va a ir captando la liquidez de los bancos, tanto nacionales como internacionales, y direccionarlos de forma equitativa a los consorcios, exigiéndoles las mismas garantías que los bancos le hubieran prestado de forma directa", señaló el subsecretario de Proyectos de Participación Público Privada, José Luis Morea.

"No estamos salvando a ninguna empresa, estamos generando instrumentos para que puedan continuar obras públicas y para resguardar el trabajo de las empresas. Las responsabilidades que tengan las aclararán en la Justicia", afirmó Dietrich, quien aseguró que "las obras tienen que continuar y estamos generando las herramientas para que esto sea posible".

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Del anuncio participaron, además del ministro de Transporte, el titular del Banco Nación, Javier González Fraga, el procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, la secretaria de Obras de Transporte, Manuela López Menéndez, y el secretario de Participación Pública Privada, José Luis Morea.

El Banco Nación hará un aporte de entre 200 millones y 300 millones de dólares al fideicomiso de PPP y pondrá a disposición una línea de unos 30.000 millones de pesos para que las empresas constructoras puedan descontar certificados de la obra pública tradicional que hoy está en marcha.

Esto se dará en el marco de un control de transparencia que incluye, por ejemplo, que el Estado realice monitoreos sobre las empresas en cuanto a la ejecución de políticas internas de transparencia e integridad.

El fideicomiso actuará de intermediario, tomando fondos prestados de bancos y luego girándolos a las firmas con el mismo financiamiento que venían negociando. De esta manera, las entidades bancarias tendrán como cliente deudor al fideicomiso del Ministerio de Transporte y no a las constructoras.

El fideicomiso captará la liquidez de 1200 millones de dólares que tenían los bancos para destinar a las obras PPP del primer año y que, debido a sus políticas de compliance (no prestarle a nadie que esté imputado en una causa judicial), pusieron estos créditos en pausa.

Para garantizar los préstamos, la administradora presentará un sistema de garantías, incluyendo los 600 millones de dólares de caución que los consorcios habían depositado para la adjudicación y que aplicarían en caso de incumplir con sus contratos. La solución es la misma que implementaron otros países de la región en los últimos años, tras la causa del "Lava Jato", y que la Ley de PPP incorpora a la luz del aprendizaje reciente de otros países.

En cuanto a reducir el riesgo comercial, el fideicomiso deberá exigirles a las empresas garantías similares a las que los bancos comerciales les hubieran exigido de poder prestarles directamente y, eventualmente, garantías adicionales.

El fideicomiso exigirá a los contratistas cesión de garantía de derecho de crédito (incluso pago por inversión), títulos de reconocimiento de inversión trimestrales (la forma en que el Estado le paga a las empresas por las obras), garantías corporativas asociadas a los accionistas, prenda de acciones y fianzas personales.

Las empresas van a tener que adherir a un conjunto de normas éticas y de integridad para su actuación, elaboradas por los organismos de control competentes en la materia (SIGEN, OA, CNV, CNDC y UIF). Esa adhesión va a significar aceptar que el Estado monitoree su cumplimiento y aplicación por las empresas.