La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva presentó este viernes ante la Justicia el pedido para la excarcelación del expresidente brasileño, con base en la decisión adoptada la víspera por el Tribunal Supremo de Brasil (STF). 

Lula, encarcelado desde hace 1 año y 7 meses por corrupción y blanqueo de capitales, podría dejar su celda después de que la máxima corte del país determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos, como es su caso, es inconstitucional. 

"El presidente está muy sereno, pero la decisión del Supremo, aplicando nuestra Constitución, también dio una luz de esperanza de que pueda haber justicia", declaró el abogado Cristiano Zanin Martins, tras visitar a Lula en la cárcel. 

A pesar de la decisión del Tribunal Supremo, la puesta en libertad de Lula no es automática y, ahora, la jueza federal Carolina Lebbos, responsable por la ejecución penal, deberá analizar el pedido realizado por los abogados del exmandatario. 

"Solicitamos la revisión inmediata del pedido para su excarcelación porque no hay respaldo jurídico para que continúe preso. Ahora, tras el juicio de ayer, no existen motivos para que continúe encarcelado", agregó Zanin. 

Aún consiguiendo la libertad, los abogados señalaron que la "batalla jurídica" continúa y esperan que el Tribunal Supremo analice un hábeas corpus que pone en duda su condena y que podría anular el proceso. 

"Nuestro objetivo realmente es la declaración de nulidad de todo el proceso, porque el proceso que llevó a la condena de Lula está marcado por fuertes violaciones a garantías fundamentales, repletos de ilegalidades y esperamos que la Suprema Corte juzgue con rapidez el hábeas corpus", recalcó el letrado. 

El líder del Partido de los Trabajadores es uno de los cerca de 5.000 presos que podrían verse beneficiados por la decisión de la Corte, que por 6 votos a 5 alteró una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores. 

Lula se encuentra preso desde abril de 2018, cuando comenzó a cumplir una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia, acusado de recibir a manera de soborno un apartamento de playa de la constructora OAS a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con la petrolera Petrobras. 

La sentencia fue confirmada luego en una tercera instancia, pero aún le resta una apelación ante la Corte, que ya presentó, pero sobre la cual el Supremo todavía no se ha pronunciado. 

Los integrantes de la operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil, rechazaron el parecer del Supremo y expresaron su temor de que "afecte los resultados de su trabajo".