México va contra Bolivia por el asedio policial a su embajada

La disputa entre México y Bolivia por lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera un asedio y hostigamiento a sus sedes diplomáticas en La Paz podría acabar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aunque la vía del diálogo no está cerrada. 

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció el jueves que preparan la denuncia por el despliegue de casi un centenar de fuerzas de seguridad bolivianas en torno a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz porque viola los tratados internacionales sobre derechos y protección del personal y de las instalaciones diplomáticas. Además, se quejó por la utilización de drones, aparentemente, para vigilar esos enclaves. 

Bolivia volvió a negar el jueves tales acusaciones. Afirma que no ha violado la integridad de las sedes diplomáticas y que es México el que ha tenido injerencia en sus asuntos internos al cobijar a ciudadanos bolivianos que tienen órdenes de captura en su contra.
 
A pesar de las posturas enfrentadas, el jueves por la tarde el subsecretario mexicano para América Latina, Maximiliano Reyes, instó a la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, a encontrarse en un país intermedio para encontrar una ruta de diálogo y el propio López Obrador abogó por que "se recapacite'' y "prevalezca la sensatez''. 

El país andino vive una crisis política desde las elecciones de octubre, que generaron protestas y denuncias de fraude. El 10 de noviembre, presionado por el ejército, el entonces presidente Evo Morales renunció, en lo que algunos países -entre ellos México- consideraron un golpe de Estado y fue asilado primero en territorio mexicano y luego en Argentina. 

El 12 de noviembre, la legisladora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina hasta que se convoquen nuevas elecciones y conformó un gabinete de transición. Dos días después un grupo de 27 personas, en su mayoría políticos y funcionarios, llegaron a la sede diplomática mexicana a pedir asilo. 

Nueve de estas personas siguen ahí refugiadas, entre ellos Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y otros cinco exministros. Las actuales autoridades bolivianas no han querido facilitarles los salvoconductos para salir del país y cuatro de ellas tienen órdenes de aprehensión por fraude, sedición e incluso terrorismo. 

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El gobierno mexicano ha dicho que está en su derecho de dar asilo a quienes considere perseguidos y Ebrard recordó el jueves que México les acogió antes de que nadie les informara de las órdenes de captura en su contra. 

El ministro interino de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, se mostró desafiante y dijo a la prensa en La Paz que si México cumple su amenaza de ir a la Corte Internacional de Justicia ``veremos quien está violando tratados internacionales: si nosotros que estamos resguardando la embajada mexicana ante amenazas o México al permitir que (Evo) Morales viole normas declarando lo que le vino en gana'', ya que desde México arremetió contra las nuevas autoridades. 

Bolivia insiste en que el despliegue en torno a las sedes diplomáticas es por seguridad y la canciller Longaric aseguró que la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado, fue quien solicitó en ``notas escritas y verbales reforzar la sede diplomática ante el asedio'' de manifestantes. 

Un funcionario de la cancillería que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones aclaró que esa petición de seguridad es cierta, pero que tuvo lugar cuando se desencadenaron las protestas y nada tienen que ver con el despliegue actual que México considera totalmente desproporcionado y que incluyó el sobrevuelo de drones o el registro del vehículo de la embajadora el pasado 23 de diciembre.