La ley de emergencia económica que acaba de aprobarse en Argentina aspira a lograr una mejora en las deficitarias cuentas públicas de la tercera economía latinoamericana, un elemento que resultará clave en la negociación que el país se apresta a iniciar con los acreedores de su deuda soberana.

La denominada “ley de solidaridad y reactivación productiva”, que entró en vigor el pasado lunes, incluye una batería de múltiples medidas con las que el gobierno de Alberto Fernández promete reordenar la economía, en recesión desde abril de 2018.

La norma tiene un claro objetivo de apuntalar el frente fiscal, aunque en un contexto social delicado, con una tasa de pobreza muy alto (ver pág. 5), la mejora no vendrá por un recorte en los gastos del sector público sino por un aumento en los ingresos.

De acuerdo a los cálculos de la consultora privada Elypsis, la ley de “emergencia” permitiría un ahorro fiscal de entre el 1 y el 1,9 % del PIB.

La norma, según la consultora, “apunta a orientar mayores gastos hacia los sectores más golpeados por la crisis sin deteriorar el resultado primario, clave en la negociación de la deuda”.

Argentina, que se dispone a iniciar una negociación de extensión de plazos de pago de sus deudas con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), necesita mejorar su perfil fiscal de cara a esas conversaciones, en las que los acreedores querrán ver sobre la mesa un plan “consistente” que garantice que el país suramericano podrá honrar sus compromisos.

La ley permite al nuevo Ejecutivo aumentar varios impuestos, como los derechos de exportación y los tributos al patrimonio, crear otros, como la tasa del 30% a la compra de divisas extranjeras y a los gastos y viajes al exterior, y suspender rebajas impositivas que se habían aprobado en 2017.

“Las primeras medidas de la nueva Administración apuntan especialmente a subir la recaudación”, observa Marcelo Capello, economista jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

Según los cálculos del economista, los cambios tributarios tendrían un impacto positivo sobre la recaudación bruta equivalente a 1,6 puntos del PIB.

Además de la mejora en la recaudación, la ley habilita por seis meses al Ejecutivo a ajustar el pago de las jubilaciones según nuevos criterios que el propio Gobierno establecerá.

Si gracias a ese nuevo cálculo para la actualización de las jubilaciones el Gobierno logra gastar 0,3 puntos porcentuales del PIB menos en prestaciones de la seguridad social respecto al gasto hecho en 2019.

Entonces, de acuerdo a las proyecciones del IERAL, el sector público podría pasar de un déficit fiscal primario de 0,7 puntos del PIB en 2019 a un superávit de 0,7 puntos en 2020.

Según Capello, aunque el ala política del nuevo Gobierno probablemente se incline por un escenario de mayor gasto público, el ministro de Economía, Martín Guzmán, apuntaría a recortar los gastos de la seguridad social o, al menos, a mantenerlos en los niveles de 2019.

Esto, de acuerdo al economista, le permitiría a Guzmán “tener margen para negociar con mayores chances con el FMI y los bonistas privados”.

La perspectiva de mejores números fiscales para Argentina ya tuvo su impacto en el mercado, donde en las últimas jornadas los activos argentinos, tanto bonos públicos como acciones, se han recuperado fuertemente.

Y es que, según el economista Gustavo Ber, “los inversores se entusiasman por los efectos positivos que tendría el paquete fiscal frente a la renegociación de la deuda”.

Tras el vendaval financiero de los últimos meses en Argentina, el humor entre los inversores parece haber comenzado a mejorar.

El nuevo Gobierno ha dado señales de querer evitar un cese de pagos a la espera de una negociación “amigable” con sus acreedores, y un horizonte que garantice, sino superávit, al menos, un “déficit cero” ayudará para llegar a un acuerdo por la deuda. (EFE)