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Comenzó ayer el juicio a Francisco Giovanoli, cuyo caso reinstala los reclamos para despenalizar el auto cultivo con fines medicinales
Francisco Giovanoli, el joven que comenzó a ser juzgado ayer / THC
Nicolás Maldonado
nmaldonado@eldia.com
Tras más de una década de sufrir las reacciones adversas de los medicamentos que le prescribían para tratar su epilepsia, Francisco Giovanoli decidió en 2012 probar con aceite de cannabis, una alternativa que le resultó tan efectiva que abandonó el tratamiento tradicional. Para sostener su nueva terapia comenzó entonces a cultivar plantas en su casa de Puerto Madryn, donde una denuncia anónima derivó en un allanamiento de la policía y un procesamiento penal. Su caso comenzó a ser juzgado ayer en Chubut por un tribunal Federal que podría aplicarle una pena de hasta 15 años de prisión.
El juicio a Francisco, a quien le diagnosticaron epilepsia a los 6 años y sufre convulsiones desde los 10, se ha convertido en un caso emblemático que las organizaciones defensoras del autocultivo con fines terapéuticos siguen con enorme preocupación. Y es que si bien hace ya dos años que rige en nuestro país una ley para el uso de cannabis medicinal, el acceso a éste sigue estando “muy restringido” y la pena para quienes intentan producirlo por su cuenta “es similar a la que podría caberle a un violador”.
La causa contra Francisco, que hoy tiene 31 años, comenzó en 2014 cuando la policía federal allanó su casa y encontró cuarenta plantas de marihuana sin floración. Si bien se trata de una cantidad que puede parecer alta, “no lo es si se considera que se requiere mucha sustancia vegetal para producir sólo unos mililitros de aceite y que con ellas tenía que garantizar su tratamiento para todo el año”, explican desde Reset, un ONG dedicada a políticas sobre drogas que se presentó como “amicus curiae” para asesorar al Tribunal.
“Gracias al aceite dejé de tener crisis epilépticas y pude volver a trabajar. Podía pensar más rápido, tener lecturas sostenidas y hacer relaciones de conceptos; todo eso con la medicación no pasaba. El tratamiento (con cannabis) me estaba haciendo bien y me guié por el principio de autodeterminación”, cuenta Francisco, quien pese a que su conducta no le hizo “daño a nadie”, hoy enfrenta una pena de entre 4 y 15 años de prisión.
Así lo establece para quien “siembre o cultive plantas (...) para producir estupefacientes” la Ley de Drogas (la 23.737)”, que es la norma de aplicación. Y es que si bien existe una ley de Cannabis Medicinal, ésta no contempla el auto cultivo en su texto ni en su reglamentación”.
Lejos de cumplir con las expectativas de las organizaciones de pacientes y familiares que la impulsaron, la ley de Cannabis Medicinal “terminó restringiendo el acceso a él. Mientras que en los años previos existía al menos la posibilidad de importar aceite para tratar cualquier patología, tras ser reglamentada sólo se permite su uso experimental en niños y jóvenes con epilepsia refractaria”, explica el abogado penalista Mariano Fusero, presidente de la ONG Reset.
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En otras palabras, “quienes padecen otras enfermedades (distintas a la epilepsia refractaria) o tienen más de cierta edad hoy no pueden acceder legalmente al aceite de cannabis en Argentina porque no lo pueden importar, el Estado, que todavía no lo produce, no se los provee, y si intentan producirlo ellas mismas corren el riesgo de recibir una pena de hasta quince años de prisión”, señala Fusero, para quien “someter a una persona a un proceso penal por una conducta que no afecta los derechos de nadie y es para su propio bienestar constituye un acto de inhumanidad”.
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