Furia. Es la palabra que puede definir cómo recibió el Gobierno la decisión de la Corte de requerir el expediente de la causa por la que debía comenzar a ser juzgada Cristina Kirchner la semana próxima. A tal punto, que los operadores judiciales de la Casa Rosada no descartarían la posibilidad de impulsar un proyecto para ampliar la integración del máximo tribunal, con el objetivo de quitarle el control del cuerpo a lo que denominan como la “mayoría peronista”.

Los jueces supremos apuntados por la administración de Cambiemos son Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, pero la iniciativa no buscaría removerlos sino ampliar la integración del tribunal. Para lograrlo, el Poder Ejecutivo tendría que anudar acuerdos con la oposición parlamentaria, algo difícil de concretar en un año electoral. La bronca que hay en la Casa Rosada con la Corte fue expresada ayer por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia Germán Garavano.

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A su vez, la diputada Elisa Carrió aprovechó la oportunidad para acusar a la mesa chica del Gobierno de haberla dejado sola cuando pedía la remoción del juez Lorenzetti. Mientras que en el Palacio de Tribunales se advirtió que si el juicio contra la ex presidenta y empresarios como Lázaro Báez llega a comenzar sin que se completen las pruebas del caso –vinculado a irregularidades en la obra pública-, entonces se correrá el riesgo de que el proceso termine plagado de nulidades.

El argumento del “debido proceso”, propio de los juristas y de los magistrados, también fue invocado ayer por el kirchnerismo y sus aliados políticos. Fernando “Pino” Solanas, un recién incorporado al Frente Patriótico que impulsa la candidatura presidencial de Cristina, sostuvo que a la ex presidenta “se le negaron pruebas significativas que hacen al derecho a la defensa”.

Las declaraciones de tenor institucionalista contrastaron con otras de carácter político como las de Alberto Fernández, quien advirtió que varios jueces que avanzaron causas contra Cristina “deberán dar explicaciones” en el futuro. En círculos judiciales interpretaron esas palabras como una amenaza que se podría corporizar si el kirchnerismo vuelve al poder en diciembre próximo.

En este contexto, la Corte recibirá formalmente hoy el expediente de la causa y su intervención tiene múltiples lecturas políticas y jurídicas. Entre las primeras, también se hace notar que los jueces supremos tendrán entre sus manos una decisión importante para la ex presidenta. Y que no necesariamente será positiva, pese a que el retraso del juicio puede caer mal en la opinión pública.

“No descartarían impulsar una ampliación de los miembros del máximo tribunal”

Esto es, que el máximo tribunal podría fijar nuevos plazos y garantizar de esa manera que Cristina afronte la campaña electoral sin tener que sentarse en el banquillo de los acusados, pero al mismo tiempo el proceso no se detendría y podría tener un final en 2020. Para ese momento, los supremos tendrían en ese expediente un elemento para rechazar una nueva reforma judicial.

En los estrados judiciales tienen presente que ya hubo varios pronunciamientos de dirigentes kirchneristas con planteos extremos como colonizar la Corte con militantes propios o bien “eliminar el Poder Judicial”. El Gobierno, por su parte, acusó el golpe porque buena parte de su estrategia descansa en una polarización con Cristina, a quien identifican con la “impunidad”.

Por eso mismo crecerá en los próximos días la presión política sobre la Corte. Habrá que ver si los jueces supremos están dispuestos a pagar ese costo. Anoche ya hubo un cacerolazo en algunos barrios porteños.