La Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó ayer el pedido de la Argentina para que una demanda por la estatización de YPF se resuelva ante los tribunales argentinos al confirmar la jurisdicción estadounidense.

La resolución del máximo tribunal estadounidense ratifica el fallo del año pasado, en el cual la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE UU permitió a Petersen Energía Inversora SAU, una subsidiaria de Grupo Petersen que era propietaria del 25% de YPF, seguir adelante con sus reclamos de incumplimiento de ley y permitió que el caso procediera bajo la excepción de “actividad comercial” del Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (FSIA).

La demanda acusa a Argentina de expropiar el 51% de YPF SA en 2012 en violación de un estatuto de la compañía que requiere que cualquier oferta de adquisición sea acompañada por una oferta pública. A la par que se conocía el fallo, el especialista en deuda soberana y director de FinGuru, Sebastián Maril, dio a conocer que el fondo Burford Capital anunció la venta del 10% del caso Petersen por 100 millones de dólares.

El fondo que inició el litigio contra la Argentina en los tribunales de Nueva York había adquirido el 70% de los derechos de pleito en 2015 por unos 15 millones de dólares, y desde entonces vendió cerca de un 30% por un total de 235 millones. Maril también precisó que el fondo Eaton Park Capital pedirá a la jueza Preska que consolide su demanda contra YPF y la Argentina junto a la demanda presentada por el Grupo Petersen, por lo cual sumará su reclamo por unos 500 millones de dólares en concepto de los daños causados por la nacionalización de 2012.

NUEVA AUDIENCIA

Los abogados de la República Argentina solicitaron ayer a la jueza de primera instancia de Nueva York Loretta Preska que autorice una audiencia dentro de 14 días para presentar los argumentos por los cuales considera que ese tribunal “carece de jurisdicción” para avanzar en la demanda que el fondo Burford lleva adelante por la nacionalización de YPF.

La presentación, realizada por el estudio neoyorquino de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, se concretó ante la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, apenas horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos denegara la petición argentina de entender en el denominado Caso Petersen, por la nacionalización de YPF en 2012.

La postura de la Argentina se fundamentó en tres puntos, el primero de los cuales plantea que ese tribunal “carece de jurisdicción debido a las demandas presentadas por Petersen Energía Inversora y Petersen Energía se basan en los estatutos de YPF, de conformidad con la ley argentina (...) y sujetas a la exclusiva jurisdicción de los tribunales argentinos”.

“Debido a que Petersen busca hacer cumplir los estatutos de YPF y los supuestos derechos de los accionistas en virtud de ellos, la cláusula de selección de foro obliga a Petersen a demandar en Argentina”, enfatizó el escrito en referencia a que el caso no puede seguir en los estrados de los Estados Unidos.

En un segundo argumento, que se plantea en base a la doctrina de forum non conveniens y que atiende “circunstancias modificadas sustancialmente”, los letrados argentinos afirman que “la Argentina ha identificado a varios testigos clave que ahora están en prisión, acusados no pueden viajar fuera de Argentina sin una orden judicial”.

“Además, la defensa de Argentina abogará por varias defensas en virtud de la ley argentina que requieren testigos y pruebas en el país”, afirma el escrito de tres páginas. Como tercer argumento, el escrito destaca que “Petersen no puede presentar una demanda directa por incumplimiento de los estatutos sociales en virtud de la ley argentina porque, según la legislación nacional, los accionistas de una empresa argentina no pueden presentar reclamaciones contractuales directas contra otro accionista con base en los estatutos sociales.

“Incluso si pudieran, Petersen ya no era un accionista de YPF cuando los actos de Argentina que dan lugar a la demanda de Petersen en realidad se produjeron en 2014”, precisó al señalar que el demandante “admitió que no impugna el acto soberano de expropiación de Argentina”. Fuentes del Gobierno nacional, tras conocerse el fallo explicaron que “ahora el caso vuelve a manos de la juez neoyorquina Loretta Preska.