Aparentemente la expresión de disconformidad que expresaban las declaraciones del doctor Eduardo De Lázzari reflejó en cierta medida un sentimiento de muy numerosos integrantes del Poder Judicial bonaerense que afloró con motivo de la designación del ex juez federal Sergio Torres, como integrante del máximo tribunal. La asunción de ese magistrado fue demorándose por formalidades, aunque también se interpretó que ello manifestaba cierta resistencia a su nombramiento.
Al respecto se sostenía que los Tribunales bonaerenses cuentan con una cantidad importante de jueces probos y respetados profesionalmente lo que hace innecesario recurrir a quienes se desempeñan en el orden nacional o en otras provincias.
Sin embargo cabe destacar que los conceptos y apreciaciones de De Lázzari fueron compartidos, básicamente, por integrantes de la agrupación Justicia Legítima y por abogados cercanos al kirchnerismo que realizaron en la última semana una intensa campaña a través de declaraciones públicas, como también de la replicación en redes sociales de los dichos del titular de la Corte.
Las aspiraciones de poder y los pleitos internos del estamento judicial han escapado en general al escrutinio público. Posiblemente ello es consecuencia de la reserva en que se desenvuelven generalmente esas diferencias que no siempre están referidas a discrepancias doctrinarias.
Las opiniones disímiles entre los actuales miembros de la Corte son de antigua data y respetando las formalidades , De Lázzari y Daniel Soria han sido los mayores exponentes de puntos de vista opuestos.
Ambos son platenses y el actual presidente fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que fue quien lo propuso para integrar el más alto tribunal de la Provincia. Soria, a su vez, fue secretario de Gestión Pública de la Municipalidad de La Plata durante la intendencia del ex ministro de Justicia Julio Alak y fue propuesto a la Corte por el entonces gobernador Felipe Solá. Los pliegos de cinco miembros de la Corte fueron elevados al Senado por los gobiernos de Duhalde y Solá , pero ello no ha significado alineamientos ideológicos y las discrepancias manifestadas no están vinculadas con el origen de sus designaciones.
En los pasillos del viejo edificio de 13 y 47 se le adjudica al procurador de la Corte, Julio Conte Grand, influencia en el Gobierno de la Provincia en los temas relacionados con el Poder Judicial y es otro factor que incide en posiciones de los miembros del más alto tribunal. El procurador sería quien propuso -o participó protagonicamente de la negociación a consecuencia de la cual se propuso a Torres- que además sería la consecuencia de una subestimación de las cualidades de los magistrados bonaerenses y especialmente de los del Departamento Judicial de La Plata, según se afirma en los ahora ruidosos pasillos de tribunalicio.
Todos esos entretelones de los que sólo se habla “off the record” o entre murmullos, deben vincularse también con la influencia de radicales, peronistas, estudios jurídicos, sindicatos y corrientes de opinión en las designaciones judiciales. Se trata de un poder en este caso alejado de situaciones públicas como las que rodean a la Corte nacional, que ha evitado las situaciones polémicas y no abordó circunstancias que atrajeran las discusiones que se generan en Buenos Aires alrededor de algunas causas que se ventilan en Comodoro Py. En estos días han quedado bajo la lupa de los medios las diferencias entre los miembros de la Corte provincial, aunque esa no fuera la intención de los doctores De Lázzari y Héctor Negri.
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