La polémica disparada a partir de las declaraciones del presidente de la Suprema Corte bonaerense Eduardo de Lázzari sobre la Justicia Federal, donde aseguró que existen “causas armadas artificialmente”, “abuso de testigos de identidad reservada” y “fallos mediáticos”, sumó ayer un nuevo capítulo.

Esta vez, el que salió a replicar a De Lázzari fue el ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano, quien, al igual que la gobernadora María Eugenia Vidal, reclamó al presidente del máximo tribunal bonaerense que si conoce delitos se presente a denunciarlos.

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También desde el Consejo de la Magistratura se expresaron en forma similar. “Yo no sé si es verdad o mentira. Si es verdad espero que cuente con los elementos para llevarlos ante la Justicia y hacer lo que se tenga que hacer. Si es mentira el análisis es deplorable”, aseguró Marina Sánchez Herrero, vicepresidenta del organismo.

La controversia se inició la semana pasada, cuando se conocieron declaraciones de De Lázzari en el marco de la apertura de una jornada de la Red de Jueces Penales de la Provincia en la ciudad de Campana. Allí, el presidente de la Corte se refirió a la situación de la Justicia y advirtió que hay un fenómeno de malas prácticas que identificó en la Justicia Federal y que, aseguró, “amenaza con extenderse a la Provincia”.

En ese marco, De Lazzari se refirió a “causas armadas artificialmente, abusos de testigos de identidad reservada, arrepentidos” y a “factores de presión que inducen fomentados y fogoneado por ciertos medios a dictar condenas mediáticas”.

Las frases parecieron apuntar a los tribunales federales porteños de Comodoro Py, donde se sustancian las causas contra la ex presidenta Cristina Fernández y ex funcionarios de su gobierno.

Apenas tomaron estado público, las declaraciones generaron un terremoto político. Por un lado, Cristina salió a difundirlas a través de Twitter, para reforzar el argumento de que la Justicia encabeza una persecución en su contra.

En la vereda de enfrente, la gobernadora María Eugenia Vidal salió a replicar a De Lázzari, un juez de la Corte con fuertes lazos con el peronismo que además ocupó el cargo de Secretario de Seguridad durante la Gobernación de Eduardo Duhalde. Vidal habló públicamente y reclamó al presidente de la Corte que si conoce delitos como el del “armado” de causas se presente a denunciarlos.

Además, desde la Procuración General de la Provincia se hizo una presentación ante la Fiscalía General de La Plata

Ayer, el que se expresó en el mismo sentido fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien dijo que “fue una afirmación al menos temeraria” la del presidente de la Suprema Corte e instó a que “si tiene conocimiento en particular de las irregularidades de las que habla, se presente ante la justicia para denunciar”.

El funcionario nacional se sumó a contrapunto que mantuvo el titular de la Corte con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien también manifestó que el juez De Lazzari debe hacer las presentaciones ante la Justicia.

Sobre este punto, Garavano en el marco de una entrevista radial que “es una afirmación al menos temeraria de parte del presidente de la Corte, además dijo que eso (lo que denuncia) se estaba replicando en la provincia, con lo cual sería bueno que el presidente explique los alcances de los casos”.

“Cuando uno es funcionario público y toma conocimiento de estas cuestiones, lo primero que tiene que hacer es la denuncia en la Justicia”, añadió.

Garavano insistió en que lo que “debiera hacer el presidente de la Corte, si tiene conocimiento de hechos de esas características, es denunciarlo, presentarse en la fiscalía y hacer la denuncia correspondiente”.

Además, dijo que “lamentablemente es una declaración política” que De Lazzari, “es una persona que proviene de la política”, y que es “una pena” que haga esas afirmaciones porque “ la Justicia en la provincia está haciendo avances importantes”.

En ese marco, también hubo reacciones desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que emitió un comunicado en el que afirmó que “el accionar de los magistrados debe mantenerse ajeno a posiciones oficialistas u opositoras con reflejo en la escena política nacional y dejar siempre en claro que deben mantener su necesaria independencia como miembros de los Poderes”. Para la entidad, el comportamiento de De Lázzari “no resulta propio de un magistrado.”