EE UU reanuda las ejecuciones de presos a nivel federal tras 16 años de suspensión

WASHINGTON

El gobierno de Donald Trump anunció ayer que la Administración federal volverá a utilizar la pena capital tras una moratoria de 16 años y programó las fechas de las ejecuciones para cinco condenados, informó el fiscal general de EE UU, Bill Barr.

A instancias de Trump, que pide habitualmente castigos más duros para los crímenes violentos, Barr instruyó a la Oficina Federal de Prisiones a que adopte un nuevo protocolo para el uso de la inyección letal para allanar el camino para ejecutar las sentencias.

“El Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley, y le debemos a las víctimas y a sus familias avanzar con la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, dijo Barr en un comunicado.

El año pasado se efectuaron 25 ejecuciones en EE UU, todas ellas llevadas a cabo por autoridades estatales para personas condenadas por cargos también estatales y no federales.

Debido a los debates sobre los métodos de ejecución y a controversias sobre las drogas utilizadas, además de las reticencias del anterior presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama, ningún prisionero federal había sido ejecutado desde 2003.

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Los primeros a los que se les aplicará esta medida serán cinco asesinos ya condenados que serán ejecutados en la penitenciaría de Terre Haute, en Indiana.

APELACIONES AGOTADAS

El Departamento de Justicia dijo que todos estos condenados agotaron sus recursos de apelación y que actualmente no hay ningún impedimento para su ejecución.

Barr ordenó que la Oficina de Prisiones ejecute el procedimiento mediante una sola inyección legal del fenobarbital (fenobarbitona), un barbitúrico que reemplaza un método que usaba tres drogas distintas y que ha dado problemas provocando macabros episodios de intentos fallidos.

El gobierno federal tiene 62 personas en el corredor de la muerte en las prisiones federales, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Entre ellos, figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en 2015, aunque ambos están en instancias de apelación.

La aplicación de la pena de muerte está en retroceso en EE UU en la última década, debido a debates sobre la legalidad de las inyecciones letales, acusadas de provocar demasiado sufrimiento y por problemas en el suministro de las drogas que causan la muerte, debido a que muchos laboratorios no quieren estar asociados a esta práctica. De los 50 estados, 25 utilizan este método, 21 no permiten su uso y cuatro tienen una moratoria.

Obama, presidente entre 2009 y 2017, cuestionaba la aplicación de la pena de muerte, sin entrar en el debate de fondo. En una entrevista en 2015 dijo que la práctica era “profundamente perturbadora” y señaló la desproporcionada cantidad de negros que reciben sentencias de muerte en EE UU.

Barr defendió que cada uno de los cinco condenados y primeros en la lista de ejecuciones fueron juzgados “por un jurado compuesto por sus pares en un proceso pleno e imparcial”.

El primer condenado será ejecutado el 9 de diciembre de 2019. Se trata de Daniel Lewis Lee, miembro de un grupo racista que asesinó a tres personas de una familia, incluyendo a una niña de ocho años. En segundo lugar aparece Lezmond Mitchell, que recibirá la inyección letal el 11 de diciembre, por el asesinato de una anciana y de su nieta.