Tras el cortocircuito con Argentina, Chile aprobó hoy la vacuna de Pfizer y BioNTech

Luego de que el ministro de Salud de la Nación Ginés González García anunciara ayer que Pfizer y BioNTech exigieron condiciones “un poco inaceptables” para abastecer al país con la vacuna contra el coronavirus, este mediodía Chile se transformó en el primer país de América latina en aprobarla.

El Instituto de Salud Pública chile confirmó que autorizó el uso de emergencia de la vacuna anti-Covid, la cual será voluntaria y gratuita y aplicada a la población mayor de 16 años. La autorización se conoció luego de una prolongada reunión de un panel de expertos en el ISP que votaron por unanimidad a favor "del uso excepcional en Chile'' de la vacuna de Pfizer, que cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). 

Chile alcanzó acuerdos con varios laboratorios para asegurarse 32,4 millones de dosis para inocular a 16,2 millones de los 19 millones de habitantes del país. El director subrogante del ente regulador chileno, Heriberto García, señaló al término de la votación unánime que "hay una logística trabajada en el Ministerio de Salud para que haya vacunas con toda la cadena de frío y con todo el proceso logístico... para que la vacuna llegue con eficacia (y) seguridad a las personas''. 

La vacuna de Pfizer requiere ser mantenida a temperaturas extremadamente bajas -menos 70 grados centígrados- manejo que se dificultará en el caso de Chile, un país de más de 4.000 kilómetros de extensión. El gigante Pfizer prometió a Chile 10,1 millones de dosis; AstraZeneca/Oxford, 14,4 millones, y otros ocho millones serán suministrados por la iniciativa mundial Covax, que busca que la vacuna llegue a todos los países. Además, mantiene acuerdos con otras farmacéuticas, como la china Sinovac y la estadounidense Johnson & Johnson. 

No se ha informado el valor de las vacunas que llegarán progresivamente al país y cuya inoculación masiva comenzará el primer trimestre de 2021. La meta del gobierno es vacunar al 80% de la población. 

Como en otros países, Chile priorizará al personal de la salud, los conductores del transporte público y las fuerzas armadas, según el Plan Nacional de Vacunación. Chile, que llegó a estar entre los países con más contagiados de la región, mantuvo una meseta durante varios meses en los que promedió los 1.300 a 1.500 nuevos infectados diarios. Pero en las últimas dos semanas empezaron a aumentar los nuevos casos, que el último domingo sobrepasaron los 2.100.

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El presidente Sebastián Piñera había adelantado que en Chile no se usará ninguna vacuna que no cuente con la aprobación de la FDA y del ISP. La infectóloga Jeannette Dabanch, quien lidera la Comisión Asesora de Vacunas e Inmunizaciones, dijo la víspera que entre el personal de la salud también se vacunará en forma diferenciada ya que se priorizará a quienes están en contacto con los pacientes. En Chile hay 360.000 empleados en el sector sanitario. 

¿Y Argentina?

Como quedó dicho, el Gobierno argentino afirmó ayer que la farmacéutica estadounidense Pfizer exigió condiciones “un poco inaceptables” para abastecer al país con la vacuna contra el coronavirus. Y al indagar sobre qué llevó a que se produzca esta situación que, por el momento, priva a la Argentina de acceder a esta dosis que ya es aplicada en Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá y que contó con un desarrollo en nuestro país a cargo del equipo liderado por el prestigioso infectólogo Fernando Polack, surgió una cuestión legal relacionada con las responsabilidades que podrían caberle a la farmacéutica en caso de que se diese algún problema con la vacuna.

El laboratorio fue uno de los primeros con los que la gestión de Alberto Fernández inició negociaciones para obtener la inmunización, cuando Argentina fue seleccionada a mitad de año como el primer país de América Latina para llevar adelante fases de prueba en personas. Éstas se efectuaron en el hospital Militar. Pero tras ese impulso inicial, que llevaba a pensar que nuestro país iba a estar en una buena posición para llegar a la vacuna lo antes posible, ese “entusiasmo” se fue diluyendo y aparecieron otras vacunas en escena, como el caso de la Sputnik V rusa que, como se sabe, ha generado dudas en la comunidad científica internacional sobre cómo fue su desarrolló y las diferentes fases de prueba, y que incluso tampoco convence a muchos de los habitantes de la propia Rusia que, por ahora, prefieren no darse la vacuna.

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo ayer en rueda de prensa que como parte de las negociaciones Pfizer reclamó la sanción de una ley en el Congreso que le garantizara inmunidad ante la justicia local, una cláusula común impuesta por los laboratorios que producen la vacuna ante posibles litigios. El Congreso argentino aprobó a fines de octubre una norma que no otorga inmunidad jurídica a las farmacéuticas, sino que permite un cambio de jurisdicción fijada de antemano en el contrato. Según González García, la central de Pfizer en Estados Unidos consideró que no era suficiente y exigió “una nueva ley”. La compañía también habría puesto como requisito que el contrato no fuera firmado por el Ministerio de Salud sino por “el presidente”. “En rigor a la verdad, son condiciones un poco inaceptables”, opinó el ministro de Salud.

Para el ministro González García, Pfizer no está en condiciones de garantizar el aprovisionamiento de las vacunas por la creciente demanda global y por esa razón dilata negociaciones con nuevos requisitos.