Cortocircuito entre el Gobierno y Pfizer y la vacuna en veremos

El Gobierno afirmó ayer que la farmacéutica estadounidense Pfizer exigió condiciones “un poco inaceptables” para abastecer al país con la vacuna contra el coronavirus. Y al indagar sobre qué llevó a que se produzca esta situación que, por el momento, priva a la Argentina de acceder a esta dosis que ya es aplicada en Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá y que contó con un desarrollo en nuestro país a cargo del equipo liderado por el prestigioso infectólogo Fernando Polack, surgió una cuestión legal relacionada con las responsabilidades que podrían caberle a la farmacéutica en caso de que se diese algún problema con la vacuna.

El laboratorio fue uno de los primeros con los que la gestión de Alberto Fernández inició negociaciones para obtener la inmunización, cuando Argentina fue seleccionada a mitad de año como el primer país de América Latina para llevar adelante fases de prueba en personas. Éstas se efectuaron en el hospital Militar. Pero tras ese impulso inicial, que llevaba a pensar que nuestro país iba a estar en una buena posición para llegar a la vacuna lo antes posible, ese “entusiasmo” se fue diluyendo y aparecieron otras vacunas en escena, como el caso de la Sputnik V rusa que, como se sabe, ha generado dudas en la comunidad científica internacional sobre cómo fue su desarrolló y las diferentes fases de prueba, y que incluso tampoco convence a muchos de los habitantes de la propia Rusia que, por ahora, prefieren no darse la vacuna.

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo ayer en rueda de prensa que como parte de las negociaciones Pfizer reclamó la sanción de una ley en el Congreso que le garantizara inmunidad ante la justicia local, una cláusula común impuesta por los laboratorios que producen la vacuna ante posibles litigios.

El Congreso argentino aprobó a fines de octubre una norma que no otorga inmunidad jurídica a las farmacéuticas, sino que permite un cambio de jurisdicción fijada de antemano en el contrato.

Según González García, la central de Pfizer en Estados Unidos consideró que no era suficiente y exigió “una nueva ley”. La compañía también habría puesto como requisito que el contrato no fuera firmado por el Ministerio de Salud sino por “el presidente”.

“En rigor a la verdad, son condiciones un poco inaceptables”, opinó el ministro de Salud.

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La vacuna de Pfizer, que debe empacarse con hielo seco a temperaturas ultrabajas, ya se está aplicando en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.

Para el ministro González García, Pfizer no está en condiciones de garantizar el aprovisionamiento de las vacunas por la creciente demanda global y por esa razón dilata negociaciones con nuevos requisitos.

“Le hemos pedido la semana pasada que revea todas esas circunstancias porque la voluntad política de Argentina es tener la vacuna de Pfizer”, resaltó González García. “No quiero pensar mal, pero no quiero tampoco que no correspondan con la actitud que tuvo el gobierno argentino con la empresa desde primer momento. La voluntad y la esperanza la seguimos teniendo”.

Frente a estas declaraciones, desde la empresa Pfizer no habían emitido una respuesta al cierre de esta edición.

Otras negociaciones

El Gobierno, como se sabe, también negocia dosis de la vacuna con Rusia, la Sputnik V, y con el laboratorio británico AstraZeneca. Pero todavía no sabe a ciencia cierta cuándo podrá contar con alguna de estas ni a partir de cuándo se podrá poner en marcha el plan de vacunación, al que está atada la salud de los argentinos. Y, en segundo término, numerosas cuestiones fundamentales, como por ejemplo, la educación presencial en las escuelas, después de todo un año con los alumnos fuera de las aulas. Y si bien desde el Gobierno aspiraban a tener vacunado al personal docente y no docente antes del inicio del ciclo escolar, en marzo de 2021, esa pretensión corre serios riesgos a esta altura, ante la indefinición respecto de cuándo llegará alguna de las vacunas.

Mientras, Argentina superó el lunes el millón y medio de contagios, mientras los muertos por coronavirus llegan a 41.200.

El Congreso aprobó una norma que no otorga inmunidad jurídica a las farmacéuticas