Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, ayer se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 735/2020, cuyo primer artículo oficializó la quita a la capital federal entre $30 y 35 mil millones anuales en concepto de coparticipación, que desde 2018 integran el presupuesto porteño, para entregárselos a la provincia de Buenos Aires y así hacer frente al reclamo salarial de la Policía.

La Provincia de Buenos Aires (PBA), que aporta a la Nación un porcentaje de los recursos tributarios cercano de un 35 por ciento y recibe 19,9 por ciento en concepto de coparticipación, está muy lejos de la realidad de otros distritos como CABA, Santa Fe y Córdoba.

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El gobierno bonaerense recibe una cantidad de recursos per cápita de origen nacional mucho menor a los habitantes que tiene y contribuyen a financiar la renta nacional a través del pago de impuestos.

Según datos del INDEC y el Ministerio de Economía en un informe elevado al Senado nacional este año (ver gráfico), en la comparación del indicador de población y de lo distribuido (ingreso per cápita), la Provincia de Buenos Aires es la más perjudicada, con un reparto de $2.215 por habitante, seguida de CABA con $2.800; Mendoza $3.384; Córdoba $3.774; Santa Fe $4.016; Misiones $4.360; Chubut $4.528; Salta $4.557; Neuquén $4.596; Tucumán $4.639; Corrientes $5.408; Entre Ríos $5.569; Río Negro $5.601; Jujuy $5.967; Santiago del Estero $6.693; Chaco $6.722; San Juan $6.940; San Luis $7.368; Santa Cruz $8.309; La Pampa $8.415; La Rioja $8.663; Formosa $9.644; Catamarca $10.369 y Tierra del Fuego $13.793.

Si además de coparticipación se incluyen regalías del Tesoro Nacional, Tierra de Fuego recibe por habitante 7 veces más que PBA; Santa Cruz más de 5 veces y media; San Luis más de 3 veces y media; Santa Fe, Córdoba y Mendoza el doble y CABA 1 vez y media (antes de la quita anunciada el miércoles).

No obstante, la Ciudad es la jurisdicción que menor dependencia tiene de los fondos de la coparticipación. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), representó el 26,68 por ciento de sus recursos totales en todo 2019. Las dos provincias cuyos ingresos de coparticipación fueron menores al 50 por ciento del total de sus arcas a lo largo del año pasado son Neuquén (41,77 por ciento) y Buenos Aires (49,59 por ciento), aunque para esta última la dependencia podría ser mayor. Las más dependientes son Formosa (93,4 por ciento), La Rioja (90,9 por ciento), Catamarca (89,76 por ciento), Chaco (86,7 por ciento), Jujuy (86,6 por ciento), San Juan (84,6 por ciento) y San Luis (79 por ciento). El resto recibió por coparticipación entre el 60 por ciento y el 76 por ciento de sus recursos totales, lo que ilustra el grado de importancia que tiene para todas las provincias en general estos ingresos, explica el informe.

La Provincia de Buenos Aires (PBA) tiene actualmente un presupuesto per cápita equivalente a la mitad del existente en la Ciudad, según revela un informe de IDESBA. En valores de 2019 eran $106.472 por habitante en CABA, frente a los $53.509 de los bonaerenses. Si bien esta diferencia había sido compensada en parte con la creación del Fondo del Conurbano en 1992 a través del 10 por ciento de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias, en 1996 se estableció que dicho monto tuviera un tope máximo de $ 650 millones, el cual se fue licuando tras el abandono de la Convertibilidad hasta volverse prácticamente insignificante. Dicho monto finalmente fue actualizado en el nuevo pacto fiscal firmado en noviembre de 2017, pero nuevamente se volvió a licuar con la transferencia de Nación a la Provincia de subsidios a la energía y al transporte.

Algo similar sucede con el ingreso per cápita familiar mensual, ya que en CABA el mismo casi duplica el de la PBA ($ 29.065 contra $15.660). Las diferencias son aún mayores en lo que respecta a gastos en seguridad: según datos del Ministerio del Interior, mientras que en CABA el costo per cápita en seguridad en 2019 fue de $16.901, en PBA fue de $6.702.

Considerando un volumen de recaudación constante y la inflación estimada en el relevamiento de expectativas del Banco Central, la transferencia del 1 por ciento de fondos coparticipables para la PBA a través del Fondo de Fortalecimiento Fiscal implicaría, a valores de 2020, un valor aproximado de $28.300 millones por año.

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Para los tres meses que restan de ejecución presupuestaria (octubre-diciembre), el cambio dispuesto implicaría recursos adicionales para la PBA del orden de los $ 8.500 millones.

TRANSFERENCIAS

El informe del CEPA sostiene que las transferencias de la Nación a las provincias en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos tuvieron en agosto su primer aumento interanual en términos reales de los últimos nueve meses, con un incremento del 1,6 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado.

El trabajo indica que el cambio obedeció a una circunstancia excepcional, como fue la suba interanual del 685,1 por ciento en la recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales, por la presentación de las declaraciones juradas y el pago de vencimientos, además del aumento de las alícuotas.

Ese aumento tuvo una incidencia superior a la que impulsaron en el sentido contrario las caídas reales (es decir, deducida la inflación acumulada en los últimos doce meses) en las transferencias a los 24 distritos de la recaudación de IVA (-18,7 por ciento) y Ganancias (-2,4 por ciento), los principales ingresos tributarios nacionales, ambos coparticipables a diferencia de los derechos de exportación, al cheque y el PAÍS.

De todos modos, más allá del carácter excepcional del incremento real, la noticia es un alivio para las administraciones de los 24 distritos subnacionales, que en 12 de los 15 meses previos tuvieron descensos interanuales en los recursos que percibieron por Coparticipación.