La reforma del sistema de salud que estaría estaría elaborando el gobierno nacional, puso en alerta a obras sociales y prepagas de todo el país, un sector que no administra el Estado y viene golpeado desde antes de la pandemia, y que atiende a más del 66 por ciento de los argentinos.

“Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, advirtió la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el 19 de diciembre en el Estadio Único local. Posteriormente, no se conocieron detalles del presunto proyecto, aunque un día antes el presidente, Alberto Fernández, había recibido a la cúpula de la CGT para analizar medidas tendientes a atender la crisis financiera de las obras sociales.

Se trata éste de un sector que, junto al de la medicina privada -las prepagas- incrementa su inquietud en el marco de los fuertes golpes que les ha traído el COVID-19 y, antes aún, la crisis económica.

Ya en 2019 las prepagas venían acusando recibo de los efectos de la crisis, con una fuerte caída de afiliados y una importante oleada de pases a planes más económicos, un síntoma de las restricciones de gastos frente a la recesión.

Sin embargo, en 2020 esta situación se complejizó aún más. Por el incremento de gastos médicos que demandó hasta ahora la pandemia, estimado en un 54 por ciento, y la autorización de aumento de sus cuotas de sólo el 10 por ciento el mes pasado. Desde el gobierno nacional advierten que el sector recibió beneficios, como el del Aporte al Trabajo y la Producción (ATP) y el pago de un bono de 5.000 pesos para los profesionales de la salud al frente de la pandemia.

Se atienden en el sistema de medicina prepaga el 7 por ciento de la población, vía traspaso de obras sociales, en tanto que un 4,6 por ciento está afiliado con el pago de contribución voluntaria. En este último caso, se trata de unos 2,5 millones de personas, según estimaciones de consultoras privadas. En total, se calculan 6 millones de afiliados.

Los planes familiares (matrimonio y 2 hijos) prepagos están cerca de los $15.000 mensuales, mientras que los de categorías más altas desde los $20.000.

En cuanto las obras sociales sindicales, nacionales o provinciales, la preocupación en torno a lo que puede ser un eventual impulso de una reforma también prolifera. “El gobierno se tiene que preocupar por el desfinanciamiento que hay con las obras sociales por los costos y los aportes son siempre los mismos”, dijo Antonio Caló (UOM), al cuestionar una posible reforma.

Sin embargo, el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini -que podría ser reemplazado por una ex diputada santacruceña cercana a la Vicepresidenta-, le aseguró a dirigentes de la CGT que no sabía nada sobre ningún proyecto.

LA DISTRIBUCIÓN

El sistema argentino de salud se reparte en tres patas: la pública, la de las obras sociales y la mencionada medicina privada.

Mientras esta última concentraría entre sus afiliados el 11,6 por ciento de la población, según estimaciones privadas, la mayor cantidad de los pacientes de la Argentina pertenecen al grupo de las obras sociales: más del 55 por ciento.

El dato, que surge también de estimaciones privadas, representa unos 25 millones de personas, incluyendo a las obras sociales nacionales, provinciales y al PAMI.

Respecto a los adultos mayores -más de 65 años- el 97 por ciento formaría parte de este grupo. Sólo el 2,9 por ciento de ellos se atiende en el sistema público de salud.

Según el Indec, el 33,4 por ciento de los argentinos se atiende a través del sistema público de salud. Representa ese porcentaje unos 15 millones de personas, repartidos en partes muy similares entre varones y mujeres.

Sólo en el Gran Buenos Aires -CABA y el Conurbano- se registran unas 70 empresas de medicina prepaga.

En tanto, en todo el país, según la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, las obras sociales e institutos suman casi 300, abarcando más del 66 por ciento de la población, si se contempla a jubilados, pensionados y monotributistas.

De acuerdo a los últimos datos que publica la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en septiembre las obras sociales recibieron 31.322 millones de pesos y otros 5.680 millones como parte del fondo solidario de distribución. El PAMI, en tanto, 15.322 millones. Por percibir sus ingresos directamente de sus afiliados, no se cuenta con datos públicos sobre las prepagas. No obstante, todas coinciden en que, para financiarse, deberán elevarse aportes y contribuciones.

Más del 66% de los argentinos usa el sistema de obras sociales y prepagas

Según el Indec, el 33,4% de la población se atiende en el servicio público de salud