El cierre de la panadería ícono de la isla Martín García desató la polémica

La panadería Rocío es -o era- una parte emblemática de la Isla Martín García. La familia que desde hace unos 30 años llevaba adelante el comercio -reconocido por la elaboración de sus tradicionales pan dulce sin conservantes- realizó una fuerte acusación hacia funcionarios provinciales.

"El local de la que hoy es Panadería Rocío llevaba décadas abandonado y estaba casi en ruinas, pero eso fue lo que menos nos preocupó: hace generaciones que nuestra familia hace panificados de calidad. Por esa razón, vimos la posibilidad de fundar nuestro negocio y criar a nuestros hijos en un entorno natural y seguro. Nos reunimos con las autoridades competentes, presentamos un proyecto de trabajo, restauración del local y mejoras edilicias periódicas, acuerdo que se renovó sucesivamente en todas las gestiones de gobierno con nuevos requerimientos e iniciativas, que siempre respetamos y hasta impulsamos como familia. Este tipo de convenio se establece porque, al tratarse de una Reserva, las construcciones sólo se entregan en concesión", describieron.

Posteriormente, le apuntaron a dos directores asumidos desde 2019. "Con la llegada de de Diego Simonetta como Director de Gestión Integral de Islas del Delta e Isla Martín García, eso cambió. Esta persona y su superior, Eugenio Liggesmeyer, Director Provincial de Islas. A partir de entonces, fueron moneda corriente las amenazas explícitas de parte suya, los insultos y comentarios discriminatorios hacia los residentes: por el color de piel, por la proveniencia social, por el nivel de formación de las personas, por razones de género", acusaron.

"En este tiempo, Simonetta nos citó repetidamente en privado en pandemia, sin protección, barbijo, ni medidas de cuidado, fuera de la Isla, sin registrar en un acta lo hablado, sumando a los encuentros personas cuyo nombre desconocíamos de forma violenta y prepotente, nos gritó e insultó. No fuimos los únicos en esta situación. En el último encuentro que tuvimos, nos convocó frente a él y dos personas que se presentaron sin identificarse, como abogados de la provincia de Buenos Aires. Nos quisieron hacer firmar que abandonábamos nuestro proyecto, y nos amenazaron por no querer hacerlo. Por indicación de nuestro abogado, con la reunión finalizada, tuvimos que interceptarlos en la lancha a punto de salir para que nos dieran sus datos, y en ese momento corroboramos que uno de los "abogados" que nos presentaron estos funcionarios, no lo era", siguió el relato.

Por último, cuentan que "luego llegaron las cartas documento, no sólo a nosotros, la suspensión del suministro de luz en el local, el impedimento de viajar en la lancha para residentes y de cargar nuestra mercadería".

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