¿Cuánto cobrarían los jubilados tras la aprobación de la ley que impulsó la oposición?

El Congreso dio un paso importante esta semana, con la aprobación de la ley impulsada por la oposición, en la búsqueda de recomponer los haberes jubilatorios y elevar el bono complementario. Esta medida, que fue avalada por el Senado tras su paso por Diputados, genera gran expectativa entre millones de jubilados y pensionados, a pesar de la firme advertencia del Gobierno de vetar la iniciativa.

La propuesta legislativa plantea un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, además de llevar el bono complementario a $110.000, un salto significativo desde los $70.000 actuales. Este ajuste busca equiparar la inflación de enero de 2024, que alcanzó el 20,6%, nivel al que se aspira que llegue el aumento extraordinario del 12,5% otorgado por decreto el año pasado.

¿Cómo se traduce el incremento en los bolsillos de los jubilados? 

Tomando como referencia los valores actuales, la jubilación mínima, que hoy con bono llega a $379.294,79, pasaría a ser de $441.564, lo que representa una suba total del 16,4%. En el caso de la jubilación máxima, el monto ascendería a $2.231.111 desde los actuales $2.081.261,17.

Aquellos que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) verían un incremento de $247.436 a $317.436. Incluso, para una jubilación promedio estimada en $900.000 por el ministro de Economía, Luis Caputo, el aumento sería de $964.800.

La postura del Gobierno es inquebrantable: vetará la ley si el Congreso no logra los votos necesarios para rechazar dicho veto, e incluso podría recurrir a la Justicia. La prioridad del presidente Javier Milei es mantener el "déficit cero" a toda costa, considerando esta ley un atentado contra la estabilidad fiscal. Los costos de esta medida no son menores: el aumento del bono a $110.000 y su futura actualización por inflación se estiman en un 0,26% del PBI, mientras que el incremento del 7,2% en las jubilaciones y pensiones sumaría un 0,20% del PBI para 2025 y un 0,42% para 2026, acumulando un 0,7% del PBI.

Consciente de las objeciones del Ejecutivo, la oposición ha incluido en el proyecto una serie de medidas para financiar el gasto extra. Entre ellas se destacan la eliminación de la exención al IVA para directores de empresa y la eliminación de la exención del Impuesto a las Ganancias para las Sociedades de Garantía Recíproca. También proponen destinar el ahorro presupuestario logrado por la quita de recargos a los intereses del FMI, nacionalizar los fondos de los entes recaudadores por los registros automotores (ACARA y CSA), y redirigir partidas que por DNU fueron otorgadas a la SIDE.

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Un punto crucial de la ley es la restitución por dos años de la moratoria previsional, un sistema que permite a quienes no tienen los 30 años de aportes comprar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima. Esta moratoria había quedado sin efecto en marzo, y la oposición advierte que sin ella, siete de cada diez personas no podrían jubilarse.

La aprobación de esta ley marca un pulso político significativo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Aunque el Gobierno ha anticipado su veto, esta iniciativa abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la sostenibilidad fiscal y la tan esperada recomposición de los haberes jubilatorios en Argentina. Ahora, la mirada está puesta en los próximos pasos y en si el Ejecutivo mantendrá su postura o si el Congreso logrará imponer su voluntad.