Piden la libertad y un resarcimiento de U$S10 millones para el argentino condenado a muerte en EEUU

El abogado que representa al cordobés Víctor Saldaño (49), quien desde 1995 está encarcelado en el "Corredor de la muerte" de Estados Unidos con condena capital, planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se "ordene la liberación" y se fije una reparación de U$S 10 millones para su cliente, al sostener que "las condenas tuvieron un alto contenido de racismo judicial".

El abogado Juan Carlos Vega reseñó que, en 1996, su cliente fue sentenciado a la pena de muerte por "robo y homicidio" y que esa sentencia estaba "viciada por el racismo judicial", por lo tanto planteó la nulidad de todo el proceso.

Dijo que la Corte Suprema de Estados Unidos "nos dio la razón y ordenó un segundo juicio", que en 2005 falló nuevamente por la pena de muerte mediante inyección letal.

En el segundo juicio "se repitió el racismo en la sentencia de los jueces", afirmó Vega, y añadió que esa conducta en la justicia norteamericana, en particular del estado de Texas, ya había sido denunciada ante la CIDH y que, por la intervención de ese organismo, "todavía no ejecutaron la pena de muerte por temor al escándalo internacional de matar con una sentencia racista".

El 2016 la CIDH declara la "nulidad" de las dos condenas por racismo, "es decir que Saldaño fue condenado por el color de su piel", agregó el letrado.

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Por lo tanto, ese organismo internacional "le ordena a EE.UU que lo saque del corredor de la muerte y lo indemnice con U$S 10 millones por las torturas sufridas durante todos estos años", pero ese país se niega a cumplir ese informe de fondo que tiene el status de sentencia, explica el abogado de Saldaño.

El dinero que se está exigiendo en concepto de reparación "es el monto mínimo que va a necesitar Saldaño para pagar su tratamiento psiquiátrico, desde que salga hasta su muerte", remarcó Vega.

El pasado jueves, Vega participó de manera presencial de una audiencia excepcional ante la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, en Washington, en donde planteó que EE.UU "está despreciando al sistema interamericano y desconociendo el valor jurídico vinculante de la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos y por incumplimiento de los mandatos de la propia CIDH".

En ese sentido, detalló que se pidió a la CIDH que elabore un informe especial al respecto para ser presentado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), que EE.UU integra y que "por lo tanto no puede desconocer los mandatos de la CIDH".

"Si no lo han matado todavía, es porque no quieren el escándalo", ya que en el derecho interno americano "ya se agotaron todos los recursos para impedir la muerte. Está vivo por la repercusión internacional y por el pronunciamiento del papa Francisco", que abogó por la vida y no la ejecución de la pena capital, sostuvo el abogado cordobés.

"Lamentablemente el sistema judicial americano, que es el más perfecto del mundo, ha fracasado en corregir el racismo judicial cuando fue advertido de su existencia por la Corte americana" durante la primera condena que fue anulada por ese motivo, dijo.

Se denomina "Corredor de la muerte" a los espacios carcelarios donde son alojados los condenados a la pena capital, que, según Vega, son lugares de "destrucción progresiva psicológica y de la integridad humana", en donde Saldaño se encuentra con su salud "muy deteriorada”.

En 1990, Saldaño partió desde la ciudad de Córdoba a recorrer varios países, y finalmente se instaló en Dallas, estado de Texas, en donde el 25 de noviembre de 1995 se emborrachó con su amigo mexicano, Jorge Chávez y asaltaron al comerciante Paul Ray King, a quien asesinaron en un bosque.

Ambos fueron detenidos luego del crimen y, tras ser sometidos a juicio, Chávez fue condenado a "prisión perpetua" como partícipe del crimen, y Saldaño a la "pena de muerte" como autor del asesinato, aunque nunca lo admitió.

Su madre, Lidia Guerrero, junto a Vega y otros abogados, encabeza la lucha para tratar de evitar que sea ejecutado.