Hecha la ley, hecha la trampa, se suele decir cuando alguien logra, mediante alguna argucia, eludir lo establecido en una norma. Cuando se abraza a un vericueto salvador para quedar a cubierto de alguna sanción o de cierta prohibición. Varios intendentes bonaerenses están abonando a ese axioma para acomodarse a sus necesidades políticas. Para, en definitiva, eludir los alcances de un asunto que los desvela: el límite a sus reelecciones que empieza a regir en 2023.

De eso se trata. De la imposibilidad que afrontan cerca de 90 alcaldes de la Provincia de todos los signos políticos, de volver a presentarse por estar cursando su segundo mandato consecutivo.

Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con el concurso de los legisladores que respondían a Sergio Massa, se aprobó una norma que limita las reelecciones. Y establece, concretamente, que los jefes comunales que fueron elegidos en 2015 y consiguieron el favor ciudadano para seguir en 2019, no podrán ir por un  nuevo período en la renovación que se dará en dos años.

Podrán volver a presentarse, pero deberán dejar pasar un período de gobierno. Así, recién estarían en condiciones de volver a competir por conducir sus distritos en 2027. Para la política, una verdadera eternidad.

Existieron intentos de todo tipo para dar marcha atrás. Se sondeó primero la posibilidad de un acuerdo en la Legislatura para derogar o suspender la ley. No hubo plafón. Juntos por el Cambio tiene mayoría en el Senado y no había forma de que muchos legisladores que votaron esa misma ley que promovió Vidal ahora volvieran sobre sus pasos. No era que alcaldes de la oposición no vieran con agrado que se habilitara una nueva reelección: lo que no había eran condiciones políticas para avanzar.

Hacia fines del año pasado comenzó a circular con insistencia la versión de que el peronismo del Conurbano iría a la carga con una presentación judicial. El argumento: que se estaba legislando en forma retroactiva al tomar como primer mandato el que ya estaba en curso (la norma se aprobó en 2016 y el período de gobierno que se toma como primero se inició en 2015). Se decía incluso que la presentación se radicaría en un tribunal en lo Contencioso Administrativo de San Martín donde habría -se comentaba en el PJ- alguna señal positiva como para avanzar con la aplicación de la ley pero recién a partir de 2027.

LEY SIN CAMBIOS

Pero nada de eso pasó. Se sumaron voces en el sentido de que La Cámpora, con fuerte influencia y número en la Cámara de Diputados, no quería que esa ley se tocara. Con varios de los peso pesados fuera de carrera, este sector K tendría más chances de poner intendentes propios en varios distritos.

Dos cuestiones se han conjugado para que al menos 10 intendentes puedan, eventualmente, dejar en off side a la ley cepo a las reelecciones. La primera, que varios de ellos han asumido cargos tanto en los gobiernos nacionales como bonaerense.

Alberto Fernández se llevó a Gabriel Katopodis (San Martín) a Infraestructura. También, a Juan Zabaleta (Hurlingham) a Desarrollo Social. Jorge Ferraresi (Avellaneda), desembarcó en el ministerio de Desarrollo Territorial. Hay otro caso en la Nación: Santiago Maggioti (Navarro) en el área de Hábitat.

En el caso del gobierno bonaerense, acaban de desembarcar Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) en la Jefatura de Gabinete y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) en Infraestructura. Hernán Y Zurieta (Punta Indio) llegó a Vialidad. Y ya se habla de un cuarto intendente (¿Gustavo Menéndez, de Merlo?) que se quedaría con otro ministerio.

Hay otros casos que transitan por vías distintas: aquellos que decidieron ser candidatos a legisladores y que, en consecuencia, dejarán sus distritos. Allí están los peronistas Mariano Cascallares (Almirante Brown), Walter Torchio (Carlos Casares) y Carlos Puglielli (San Andrés de Giles).

Por estas horas se dice incluso que Jorge Macri (Vicente López), iría al gabinete porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

Todos ellos dejaron o dejarán sus intendencias. Y lo hicieron, o lo harán, antes de cumplir dos años de gobierno de su segundo mandato. Ahí apareció el resquicio.

Quienes vienen estudiando el tema en las comunas posaron su mirada en el decreto reglamentario de la ley. Y en particular, en un párrafo. Ese que establece que la prohibición de reelegir “abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos años, contínuos o alternados”.

Los que ya se fueron al Ejecutivo no cumplirán más de dos años de su segundo mandato. Y los que accedan a las bancas, tienen previsto renunciar en noviembre. Así, interpretan en los municipios, no tendrían problemas para volver a presentarse en 2023. Incluso, de ir por una nueva reelección en 2027.

Es probable que la discusión se termine judicializando. Pero varios de estos intendentes consideran que el decreto que reglamentó la ley es claro en el sentido de que si no ejercen más de dos años de su segundo mandato, quedan automáticamente habilitados para presentarse. Es lo que al menos diez de ellos están haciendo para hacerle una excelsa gambeta a la “ley Vidal”.