Mesa Judicial: analizarán agendas y correos electrónicos de ex ministros

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak le pidió hoy a la Gobernación bonaerense y a los ministerios de Trabajo, de Infraestructura y de Justicia provincial todos los correos electrónicos y las agendas, siempre del año 2017, en el marco de la causa que investiga el presunto armado de una mesa judicial para perseguir a sindicalistas.

Así lo revelaron a este medio voceros judiciales, quienes informaron que la medida tiene relación indagar sobre los mensajes y las agendas de tres de los asistentes a la reunión, en junio de 2017, en oficinas de capital federal del Banco Provincia: Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia; Roberto Gigante, ex ministro de Infraestructura; y Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo, todos del ámbito bonaerense.

De esta forma, la justicia federal platense avanza con la investigación, en la que también está imputada la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el intendente de La Plata Julio Garro, el senador Juan Pablo Allan y empresarios de la construcción.

El juez-agregaron- recientemente también había pedido a la secretaría general de la presidencia de la Nación que informe sobre si hay registro de visitas la Casa Rosada o a la quinta de Olivos de las personas que estuvieron presentes en la mencionada reunión, que dio origen a esta investigación penal.

También se rechazó un pedido de amicus curiae presentado por ATE y ordenó abrir causa por separado por una denuncia realizada sobre posible persecución a trabajadores de Astilleros Río Santiago, detallaron los voceros.

En esta investigación el juez ya había solicitado los números de los teléfonos de los empresarios que participaron en la reunión, cuyo video derivó en esta causa, para hacer entrecruzamientos de llamadas con todos los ahora imputados.

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También requirió un informe para poder determinar o no si los participantes de la reunión, en esa dependencia de capital federal del Banco Provincia, tenían o tienen teléfonos encriptados provistos por la AFI, detallaron las fuentes consultadas.

El magistrado también hizo lugar a un requerimiento de la fiscal federal que interviene en el caso, Ana Russo, y dispuso una pericia de cruce de llamados, en la fecha aproximada en que se realizó la reunión en el BAPRO, entre los asistentes más la exgobernadora, también imputada en esta causa.

Según la denuncia, en ese cónclave se propone el impulso de acciones judiciales contra dirigentes sindicales de extracción opositora.

En el escrito, la fiscal dictaminó que la investigación también apunta a “la supuesta organización de una estrategia, elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en La Plata y alrededores".