Chispazos en el Concejo por el cobro de un tributo a una constructora

El cobro, por primera vez, de la denominada “plusvalía urbanística” (un tributo que los grandes desarrolladores urbanos deben abonar al Municipio como contraprestación por la ganancia extra obtenida) debutó en la Ciudad con polémica y generó ayer fuertes cruces en el Concejo Deliberante. Fue durante el tratamiento de una ordenanza enviada por el intendente, Julio Garro, para que la empresa a cargo del millonario emprendimiento urbano “La Cañada” pague el gravamen con la construcción de una rotonda en la zona de 467 y 160, en City Bell. La iniciativa, aprobada por el oficialismo, chocó con el rechazo opositor del Frente de Todos, que la tachó de “poco inteligente e insensible”, al sostener que el cobro del impuesto terminará favoreciendo a la empresa, que además pagará “menos de lo establecido por ley” y “sin respetar el espíritu del tributo: generar obras de infraestructura en las zonas más postergadas de La Plata”.

El contrapunto es por el acuerdo entre el Municipio y la empresa Agrycon S.A., que tiene a su cargo la rezonificación del predio “La Cañada”, ubicado en 467 y 162 y que pasó de ser un área rural a urbana. Por esa revalorización, que cambia el uso del suelo, el Estado debe cobrar un tributo por “plusvalía urbanística”, según establece la ley 14.449 de acceso justo al habitat.

En la primera aplicación del gravamen, la Comuna percibirá 77.459.684 de pesos que, de acuerdo a lo convenido, será saldado “en su mayoría” mediante la construcción de una rotonda en 467 y 160, en el acceso al emprendimiento urbanístico que se proyecta. Pero ese monto que “está aún muy por debajo del que debería aplicarse dado el enorme negocio que significa la rezonificación del predio de City Bell donde, de una zona rural de 150 hectáreas, se generarán más de 200 lotes para viviendas, a precios que superarían los 50.000 U$S cada uno”, justificó la titular del bloque de Concejales del Frente de Todos, Yanina Lamberti, que ayer se opuso al proyecto aprobado por el oficialismo.

“La ley de acceso justo al hábitat establece que el tributo a la plusvalía urbanística tiene usos específicos, con el objetivo de generar una ciudad con más equilibrio, más justicia y mayor igualdad”, protestó Lamberti y remató: “La Plata es la ciudad con más asentamientos y al Intendente solo interesa invertir en barrios privados”. Su par de bancada, Paula Lambertini, observó en tanto la “paradoja” de que el fin del tributo “beneficie al desarrollo urbanístico” cuando “debiera haber sido usado para infraestructura, asfalto y cloacas en los barrios más postergados”. Además, aseguró que mientras la ley dice que la presión impositiva debe ser de hasta el 30% sobre la ganancia del privado, “la Municipalidad lo integró a la ordenaza fiscal y, a través del decreto 66/21 bajó esa percepción al 15 por ciento”. Sostuvo, por último, que “el cálculo del tributo debe ser revisado porque se hace sobre el valor fiscal que no representa de modo cabal la ganancia del desarrollador”.

El argumento oficial

Desde el oficialismo, la concejal Lucía Barbier recogió las críticas y defendió la iniciativa al asegurar que “esto permite que los platenses contemos hoy por primera vez con una obra visible, real. Esta medida acorta plazos administrativos para la ejecución de obras, no se pierde valor y se constituyen reglas claras y transparentes”.

A lo que retrucó el concejal Luis Arias: “El Municipio, solo viola la ley por no haber aplicado el tributo por plusvalía a la enorme cantidad de desarrollos que ha habido, sino también por darles un destino que no está contemplado en la ley de hábitat”. Por eso, el edil ingresó al Concejo su propio proyecto para cambiar la normativa “y que se cobre lo que se tiene que cobrar por el tributo; que ese dinero se destine en obras para los barrios populares y sea calculado en base a la ganancia que obtienen los desarrolladores y no sobre la valuación fiscal, sino de mercado”.

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