Suba de precios, retracción de la oferta y fuerte demanda por las clases presenciales en La Plata

En medio de una disparada de los precios de alquileres y una fuerte retracción de la oferta desde que se implementó la polémica ley de Alquileres en 2020, el Gobierno analiza diferentes medidas para incrementar la oferta de propiedades y así contener los valores de las rentas. En este contexto, la semana que pasó se realizó la primera reunión de la llamada mesa de trabajo para abordar la situación de los alquileres en el país, que encabezó el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, y contó con la participaron de representantes de inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de diversas áreas. Una de las ideas que más resonó fue la posibilidad de aplicar más impuestos a las viviendas ociosas, una iniciativa que, de todos modos, tiene que pasar por el Congreso.

Según trascendió, en la Ciudad de Buenos Aires se constataron aumentos de hasta el 70 por ciento a partir de 2022 en los nuevos contratos de alquiler.

En paralelo, un informe de Reporte Inmobiliario consignó que mientras el índice de precios se incrementó un 50,7 por ciento en los últimos doce meses, el valor de los alquileres subieron, en promedio, casi 8 puntos por encima. Parte del problema de los precios se adjudica a la ley de Alquileres 27.551, que fue sancionada a mediados del 2020 con la finalidad de proteger a los inquilinos de posibles abusos pero que terminó jugándoles totalmente en contra. En La Plata se agrega a ese escenario el retorno de miles de estudiantes de otros pueblos y ciudades con la vuelta de las clases presenciales en las universidades e institutos de la Región. Se habían ido en masa hace casi dos años, cuando empezó la cuarentena. La presión suma con la caída de plazas en pensiones. En casos, cerraron por la asfixia de los costos fijos con las piezas vacías.

Para Feletti, el escenario actual se caracteriza por el hecho de que “el propietario reclama legítimamente una renta por su capital invertido, el inquilino no la puede pagar, y no hay estabilidad ni previsibilidad en la continuidad del contrato”.