A través de una declaración parlamentaria, el legislador radical Emiliano Balbín–acompañado por sus pares de bancada-, le pidió al Gobernador que interceda ante el Gobierno Nacional para que se eliminen las intervenciones y así regularizar el mercado de trigo, al mismo tiempo que se dejen sin efecto el aumento transitorio de los derechos de exportación a la soja y sus derivados, situación que “permitirá la mejora en los ingresos y con ello, la producción de trigo y soja de los productores de la provincia de Buenos Aires en particular, y de la Argentina en general”, dijo.

El pedido es para que el Poder Ejecutivo Nacional derogue los Decretos N° 131/2022 (DCTO-2022-131-APN-PTE) por el que se establece el aumento temporario de dos (2) puntos porcentuales de los Derechos de Exportación de soja y derivados; y N° 132/2022 (DECNU-2022-132-APN-PTE) por el que se crea el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”.

Al respecto, Balbín señaló que “desde el inicio desde la invasión de Rusia a Ucrania el mercado de los commodities internacionales se alteró en forma significativa y el retiro del mercado de India, con una mayor demanda en el abastecimiento global de productos agrícolas y con ello un mayor precio, argumento por el cual el Poder Ejecutivo Nacional decidió intervenir el mercado del trigo local y así crear el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, a expensas de un aumento transitorio de los derechos de exportación de la soja y sus derivados, afectando por partida doble al sector agroindustrial bonaerense”, y agregó: “de esta manera se intervino el mercado del trigo bajando las expectativas de precios y afectando el valor de la soja por aumento de la presión fiscal”.

“El fondo creado tiene por objeto establecer un subsidio a la harina de trigo que abastece al mercado local –continuó Balbín-, aunque su creación no alcanza para que los precios dejen de subir en forma sostenida, no solo en la harina de trigo como materia prima que usan las panaderías y la industria de productos farináceos, sino también en los derivados que son de consumo masivo como el pan, fideos y demás productos, donde el precio al consumidor sigue subiendo por efecto del proceso inflacionario que el mismo gobierno genera”.

“Hay que tener presente que la provincia de Buenos Aires es la principal productora de trigo del país, con 2,7 millones de hectáreas de trigo sembradas en la campaña 20/21, lo que representa un 43,8% sobre el total nacional e involucró a 15.850 productores bonaerenses”, expresó el legislador, y añadió que “según surge de las estimaciones para la campaña triguera 21/22, se espera una reducción del 5% de la superficie sembrada respecto a la campaña previa- Esta situación provocará una reducción en la cantidad de trigo para comercializar, al mismo tiempo que reducirá el volumen de exportación, perdiendo así una posibilidad única de ganar mercados y con un mayor precio internacional producto del conflicto bélico”.

“El pedido ahora es porque es el momento en que los productores toman la decisión de invertir en los cultivos de invierno, entre ellos la siembra de trigo, por lo tanto entendemos que es el momento oportuno para dejar de intervenir en el mercado de trigo, lo que generaría una señal positiva hacia el sector productor triguero, que permitiría expandir la superficie sembrada y con ello generar una mayor producción”, manifestó Balbín.

Respecto a la soja, Balbín indicó que “la derogación del Decreto N° 131/2022 permitirá eliminar y restituir a los productores el 2% de los derechos de exportación a la soja y sus derivados, hecho que generará un monto estimado entre de 370 y 400 millones de dólares, que es lo estimado para componer los recursos del Fondo Fiduciario Público y previsto utilizar para la intervención del mercado de la harina de trigo, como se mencionó. Todo parece indicar que es un fondo especial para sustentar un club de amigos, ya que el viernes pasado el gobierno nacional desembolsó 1.100 millones de pesos a la empresa Molinos Cañuelas, una de las 3 empresas que han adherido a este sistema de compensaciones, que no representa el espíritu de las 160 empresas molineras existentes en el país”.

“La suma de sucesos que afectan las expectativas de los productores, generado por un lado por el aumento de la presión fiscal sobre la producción de soja, y por otro lado por la intervención del mercado de trigo, hace que se vayan a producir menos toneladas de trigo, lo que genera un círculo vicioso que termina en una menor disponibilidad de cereal y con ello un aumento final de su valor, hecho que va a contramano de los efectos buscados por la sanción de ambos Decretos”, razonó el legislador.

“Asimismo –agregó-, la industria molinera instalada en el país en su conjunto manifestó públicamente su rechazo al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, lo que genera más incertidumbre en el mercado local de harina. Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires se encuentran radicados unas 81 plantas de molienda sobre un total de 197 molinos existentes en todo el país, lo que representa un 45,2% de las plantas instaladas y que generan el 50,03% de la harina nacional”.

Finalmente, Balbín manifestó que “este pedido tiene como objetivo mejorar la producción y el ingreso de los productores bonaerenses, y con ello una mayor inversión genuina, que beneficiará sobre todo a las poblaciones del interior provincial”.

Acompañaron la iniciativa de Balbín, sus pares de bancada Alejandra Lordén, Anahí Bilbao, Luciano Bugallo, Claudio Frangul, Claudio Rossi, y Julio Pasqualín.