Robos y actos vandálicos, un extraño ensañamiento contra edificios escolares

Desde luego que todos los robos son delitos igualmente condenables. Sean los cometidos contra personas, domicilios particulares, clubes, hospitales, comercios y contra distintos tipos de sedes, todos ellos merecen la detención de los autores y, en su caso, la aplicación de las condenas previstas por las leyes penales. Pero ese delito se convierte en particularmente reprobable cuando son escuelas los blancos elegidos por una delincuencia que hace ya mucho que no repara en nada.

En ese contexto debe decirse que nuestra ciudad sufre desde hace mucho tiempo una sucesión de robos y de ataques vandálicos contra muchos edificios escolares, en los que a la sustracción de costosos materiales didácticos –como computadoras, por ejemplo- se le suman destrozos totalmente irracionales.

Se habla, en estos casos, no de simples delitos de robo, sino también de situaciones propias de una barbarie, que debieran ser analizadas en profundidad por autoridades y especialistas. Se sabe que pocos bienes públicos forman parte esencial del patrimonio común de una sociedad, como las escuelas. Y, sin embargo, allí aparece el ensañamiento de personas que, además de robar, buscan lastimar a ese valor social.

Hace pocos días personas desconocidas ingresaron a la escuela 17 de nuestra ciudad, ubicada en 69 y 115, robaron 40 notebooks, un televisor y algunos objetos más. Después, y como casi siempre, destrozaron las instalaciones, sin “ganar” nada por ello.

Desde luego que, tal como lo aseguran muchos docentes y padres de los alumnos, el impacto emocional sobre las comunidades educativas que sufren un acto de vandalismo en su escuela es enorme. Es más, dicen que se siente algo muy similar a cuando es intrusada la casa propia.

De sobra se conoce que los edificios escolares necesitan de mayor vigilancia policial –el paso más continuo de patrulleros, en especial cuando las sedes se encuentran cerradas- y, además, de sistemas de alarmas y de otras defensas que las comunidades educativas suelen reclamar.

Es evidente que en la mayoría de los episodios registrados, el problema adquiere connotaciones y una dimensión más preocupante, que seguramente incluye aspectos relacionados a cuestiones educativas, sociales y culturales que debieran ponderarse.

Según especialistas, tampoco debiera obviarse la incidencia de las drogas en los injustificables comportamientos vandálicos de los autores de estos ataques.

Sea como sea, lo que urge es que el Estado –especialmente a través del accionar policial- extreme recursos y estrategias para defender el patrimonio de las escuelas, revertir la indisculpable situación de indefensión en que se encuentran y, al mismo tiempo, individualizar y castigar con el peso de la ley a los responsables.