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La Ciudad |El acceso al alquiler, en el foco

El costo de entrar: los honorarios de la inmobiliaria en debate

Se discute en la Legislatura un proyecto que busca una nueva regulación de ese renglón, que representa el 4% del valor total del contrato, para sacarlo de la boleta de quien alquila

El costo de entrar: los honorarios de la inmobiliaria en debate

Se analiza en la provincia una reforma del sistema de costos para el inquilino, a la hora de alquilar / EL DIA

14 de Agosto de 2022 | 04:06
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Mientras se dirime, en un ya extendido trámite según las expectativas iniciales, un nuevo marco normativo a nivel nacional para los alquileres, en territorio bonaerense empieza a configurarse un debate local en torno a una ley complementaria de ese régimen. Con eso, la controversia en torno a un punto central: quien paga y cuánto por los honorarios que cobran las inmobiliarias.

El proyecto en cuestión busca consenso en una de las comisiones del Senado, en la Legislatura Provincial, luego de pasar por una ronda de consulta en la que intervinieron asociaciones de inquilinos e instituciones de martilleros. Está planteado con el objetivo de llevar alivio en un segmento que, según le dijo a este diario el senador Francisco “Paco” Durañona, representa el 20% de la población de la Provincia de Buenos Aires. Algo más de 3,5 millones de personas tienen su vivienda en el marco de un acuerdo de alquiler.

En términos concretos, se plantea un esquema normativo que impida el cobro de los honorarios de los martilleros a quien va a alquilar -al menos en el momento de contratar- y eventualmente genere un prorrateo a lo largo del plazo de contrato, que dura tres años.

Esto último, mientras rija la cuestionada ley nacional aprobada en 2020, a la que se le adjudica haber “planchado” el mercado de alquileres al extender ese periodo.

Eso está sin novedades de resolución en el Congreso, tras un impulso inicial que buscaba cumplir con la promesa de que saldría en seis meses, desde diciembre pasado hacia acá. Así lo habían anunciado desde la Cámara de Diputados.

Otro de los puntos del proyecto que presentó Durañona plantea fijar esos honorarios en el 4 por ciento del monto total del contrato, como está ahora en la Ley de Honorarios, que se busca reformar.

La iniciativa tiene un punto de encuentro con una ley sancionada en 2017 en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se limitó el cobro de los honorarios a los inquilinos, cargándolos también a la cuenta de quien cobrará el alquiler.

La iniciativa levantó objeciones en la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA). La presidenta de la entidad, Mirta Libera expuso que “en Caba se reglamentó hace unos años que no se permite cobrar honorarios a los inquilinos. Fue recusada e inconstitucional”, indicó. Luego, defendió el derecho a cobrar en el punto de inicio de los contratos: “No hay obligación de ir a una inmobiliaria. Si alguien va, va a pagar honorarios”, dijo y añadió que “el servicio que se solicita como a cualquier profesional debe ser remunerado como corresponde”.

“Va a parar al precio”

Según sostuvo la titular de CIBA, “lo que termina pasando es que al bajar la rentabilidad, todo lo que le agregue de costo al dueño va a parar a precio”.

El legislador del Frente de Todos, le dijo a este diario que “el proyecto que apunta a regular las comisiones de las inmobiliarias y que dejen de estar en cabeza de los inquilinos, a quienes se les hace muy abultado el monto”.

Puntualmente, la ley, según Durañona debe dejar claro que “esté prohibido que se le cobre al inquilino el porcentaje que corresponde al martillero”.

Según indicó el senador, conocen la posición de las inmobiliarias en este debate y “lo transmitimos a los principales interesados, que son las organizaciones de inquilinos. A ellos les resulta más interesante hacer frente a ese porcentaje de manera mensualizada, incorporado en el alquiler. Es inevitable que se pueda controlar o poner un freno. No hay manera que se pueda impedir que suceda. El propietario puede hacer frente a ese porcentaje y sumarlo al precio o asumirlo y respetar el precio”.

Pagar en partes

En esa línea, el legislador añadió que “para los inquilinos es preferible pagar” de esa forma “algo que representa el 50% del monto” de lo que hay que pagar para entrar a una casa o departamento. “Para un contrato de alquiler de 40 mil pesos mensuales se necesitan 250 mil pesos y un poco más de 110 mil están vinculados al porcentaje del martillero.

Del mismo modo, indicó que también “se le pone un tope del 4% y se hace hincapié en evitar otros costos que no corresponden, como impuestos que no forman parte del contrato. Impuesto de sellos, por ejemplo, que es un porcentaje y ya no se exige por una reforma previa”.

Según se sostiene desde CIBA, aún con los argumentos de su ley cuestionados, el mercado de Caba también tiene su dinámica propia, sostenida por valores distantes para el mercado de los centros urbanos grandes y de los pueblos y ciudades más chicas.

La martillera indicó que la Provincia tiene ya en vigencia un marco regulatorio: “En relación a honorarios, está regulado, tanto para compraventa como para alquiler. Se regula el honorario por realizar el contrato. La ley dice que paga el 2 por ciento cada parte, más IVA, sobre el total de contrato. Hasta que los contratos eran por 24 meses y había montos ciertos, ese honorario se tomaba sobre el total y no generaba conflicto”. A eso hay que sumarle la tasa de sellado del contrato y el seguros contra incendio, añadió la martillera.

Todo cambió con la ley nacional de mediados de 2020. “Cuando se hace un nueva ley, con plazo de tres años, el único monto cierto es el del primer mes. Al año se actualiza con el índice del Banco Central y luego lo mismo. Ahora, no se puede cobrar con el monto actualizado porque no está. Entonces, se cobra el honorario por los 36 meses sobre el valor del primer año. Lo hace la mayoría de las inmobiliarias. Si alguien quiere cobrar el total lo debería cobrar el etapas, según la variación por el índice”.

El senador indicó que, además de Caba, otras provincias tienen leyes “vinculadas con los honorarios de los martilleros y costos propios de cada jurisdicción en los alquileres. Hay ley en Buenos Aires, Río Negro y La Pampa. Evidentemente, funciona bien”.

El proyecto tiene estado parlamentario, en la Comisión de Legislación General. Según Durañona tiene apoyo de organismos y asociaciones de inquilinos. “Estamos conversando con la oposición en buenos términos”, dijo. Así, se espera un avance concreto en la próxima reunión para llevarlo al plenario de la cámara.

La ley nacional

En forma paralela, en el Congreso se espera por avances en la controversia por el marco nacional. Por allí pasó todo el arco de las cámaras y asociaciones vinculadas con los alquileres. “Una comisión legislativa tenía el compromiso de sacar en 30 días un proyecto para modificar el daño que venía haciendo la Ley. Los colegios de Caba y Provincia y las cámaras y colegios en FIRA (Federación Inmobiliaria de la República Argentina), nos pusimos de acuerdo en que era claro que hay un problema de fondo que no tiene que ver con la ley, si no la inflación. En este contexto, la extensión a tres años generó que mucha gente, por temor a la situación de cambios de valores y la baja renta hizo que falte oferta de alquileres. Eso sigue, no tanto como al principio”, dijo y añadió que “se había planteado volver al periodo de 2 años y que la actualización se reparta en dos veces al año. Pero a conciencia plena de que eso solo no alcanza y buscando otros incentivos para la oferta, más propuestas para desarrolladores, para volcar nuevas construcciones y aumentar el stock de viviendas para alquiler”, indicó la titular de CIBA.

 

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