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Una maestra de Ensenada se fue al interior en busca de paz y ahora vive una pesadilla 

Una maestra de Ensenada se fue al interior en busca de paz y ahora vive una pesadilla 

Fotos: La Voz de Tres Arroyos

13 de Septiembre de 2022 | 10:09

En medio de la pandemia, Virginia M y su marido, ambos policías y ella además docente, dejaron la vida que llevaban en Ensenada y La Plata y se fueron a vivir a la localidad de Copetonas, en el partido de Tres Arroyos, en busca de paz. Sin embargo, a poco más de un año de afincarse en su nuevo lugar, comenzaron a vivir una pesadilla por un jefe de policía al que Virginia denunció por hostigamiento, acoso laboral y abuso de poder. En tono al caso, se radicaron denuncias en Asuntos Internos y en la Fiscalía Nº 6 de Género, e intervino la División de Género de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

En Tres Arroyos, Virginia M se sumó a la plantilla de profesores de la Escuela Primaria Nº 6 de Cascallares, y preservó además su cargo en servicios generales (en la rama administrativa) de la Policía, mientras que su marido también mantuvo su jerarquía en la fuerza de seguridad. Según relató a EL DIA, el 8 de agosto un superior suyo de la Patrulla Rural de esa ciudad, Fernando David Isea, recibió una denuncia anónima en su contra. "Isea pensó que lo denuncié yo. Pero no tengo nada que ver. Desde entonces no para de hostigarme. Me traslada, me cambia de funciones. Isea empezó a decir que mi marido venía a relevarlo a él. Una locura", relató. 

"Desde entonces nos empezó a hacer la vida imposible y comenzaron sus hostigamientos", aseguró.  "El pasado 25 de agosto mi marido volcó con su auto en un camino rural y sufrió una fractura. Dimos aviso enseguida a la policía. Yo pedí permiso especial para cuidarlo. Mientras evaluaba seguir dan clases en la escuela en contraturno. Desde ese día comenzaron a reflejarse sus actitudes de abuso de poder y hostigamiento hacia mí", señaló. 

Según precisó la abogada de la denunciante, Elisa Hospitaleche, la solicitud del permiso "al jefe no le gustó y terminó apareciéndose en la escuela obligando a la directora a ir detenida -si fuera necesario- para que asista a prestar declaración con el objetivo de saber por qué estaba la oficial realizando su otra actividad. Quiso llevársela detenida; porque la directora no quería ir. No había ningún argumento jurídico legal para que se presentara en la escuela, la obligara a salir y si no iba en forma voluntaria la llevaba presa". 

"La directora terminó diciéndole que ella iba a ir, y él le hizo guardia hasta que terminó la jornada educativa, y la escoltó con el móvil policial hasta la dependencia para tomarle declaración sobre porqué Virginia M había ido a trabajar a la escuela", añadió la letrada. 

En ese sentido, explicó que "en condiciones normales el móvil policial no pasa por la escuela; en todo este período pasó permanentemente con él al mando. En lugar de estar en Tres Arroyos -en la sede- estaba en Cascallares controlando lo que hacía la efectivo en su otro trabajo”, comentó.  

A raíz de los hechos, Virginia M radicó en principio una denuncia en Asuntos Internos. “Ella sabe que Isea tiene un allegado en Asunto Internos y pidió que esa persona no intervenga en la auditoría de su caso”, dijo al respecto al abogada. 

La cuestión de género: hostigamiento y sexismo 

Hospitaleche sostuvo que "las cosas siguieron, más allá que este hombre es de hostigar en general a mujeres efectivos, las maltrata, les falta el respeto en cuanto a cómo están vestidas, cómo se peinan, cuestiones sexistas, hay una cuestión de violencia psicológica por parte del jefe que hace que en algún momento algunas pidan carpeta –hay varias que la pidieron- lo cual las pone en situación de riesgo porque pueden perder el puesto. Muchas son madres, como en el caso de Virginia M". 

Según explicó la profesional, la situación de persecución en el colegio y cuestiones relacionadas con el sexismo y el acoso laboral derivó en otra denuncia en la Fiscalía de Género, desde donde se solicitaron medidas cautelares para evitar que Isea se acerque a Virginia M. En esa línea, amplió que "a estas alturas el acoso también recae sobre su pareja, también oficial de la Patrulla Rural. ‘Qué hace tu mujer, dónde está’, fueron los planteos recurrentes por los cuales la denunciante terminó en un 'tratamiento psicológico por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra'". 

La denunciante dijo que el jefe policial "está cumpliendo con la cautelar, pero sigue portando armas, no se lo apartó, aunque sea temporalmente". Y resaltó además que "hice la denuncia en Asuntos Internos, la ratifiqué en la Fiscalía de Genero y a la semana salió la cautelar. Me citaron desde la fiscalía de la mujer y me dijeron que la denuncia que yo hice en asuntos internos no aparecía, como que alguien la corrió o traspapeló, así que les di el número de la denuncia y se pudo avanzar". 

En concreto, Hospitaleche aseveró que "se logra contactar con la División de Género de la policía de la provincia de Buenos Aires y empiezan a tomar medidas como la de restricción de 200 metros; de ella, su casa y su lugar de trabajo, como cualquier medida de violencia de género". 

Mientras esperan sumar más testimonios en la causa, Hospitaleche señaló que "hay más efectivos mujeres y varones que están en la misma situación, algunos se han animado a denunciar y otros no. Isea se jacta que tiene poder político, apoyo del municipio para manejarse con cierta impunidad”, comentó en La Voz del Pueblo. 

"Ella hoy está con la medida cautelar que la beneficia y con una nota elevada a su nuevo jefe de Patrulla Rural de Chaves informándole la imposibilidad de medios para trasladarse a cumplir funciones. Ella debería ir todos los días cuatro horas y no lo puede hacer, además el turno que le darían para trabajar coincide con el de la escuela, que lo tomó una vez que informó sus turnos de policía”, manifestó Hospitaleche. 

El caso es investigado por la fiscal Natalia Ramos. Desde las expectativas de la letrada, si bien estos casos no llegan a condenas superiores a los tres años, puede avanzarse en fallos que lleven al "cesanteo" o "exoneración" de la persona denunciada. 

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