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El escándalo de las tarjetas de la Legislatura continúa sumando nuevos capítulos. Julio “Chocolate” Rigau sigue estando en la mira, ya que el puntero del PJ que fue sorprendido sacando dinero de empleados estatales del cajero automático de 7 y 54, exigió por tercera vez la suspensión de su celular y el juez Guillermo Atencio debe resolver el pedido.
Si bien la investigación se frenó, siguieron los pedidos de las fiscal Betina Lacki, quien solicitó la semana pasada que se perite el celular del acusado, un procedimiento que fue rechazo por la defensa. Incluso en las últimas horas los abogados de "Chocolate" presentaron un nuevo escrito en el que aseguran que si se da curso a ese pedido todo terminaría en un "escándalo jurídico".
Según explican, "se realizaría una pericia sobre un objeto cuyo secuestro no fue ratificado por el Juez". Además sostienen que "el acta que dispuso ese secuestro, está declarada nula por la Excelentísima Cámara". Es por eso que manifiestan que "el absurdo resulta evidente y flagrante".
Por otro lado, destacan que "lo señalado afecta garantías constitucionales básicas de un ciudadano y expone a nulidad la investigación sensible sobre uno de los poderes del estado". Desde el entorno de Rigau creen que "si Lacki lo abre en estos términos, estando vigente la resolución de Cámara, sería nula la pericia y nunca podrían abrir el teléfono después".
Como quedó dicho, el pedido de peritar el teléfono celular de Rigau fue presentado por la fiscal Lacki, mientras que la defensa reclamó suspender la pericia. La fiscalía entiende que se trata de una prueba clave y considera que la investigación está vigente, pues el fallo de la Cámara en lo Penal de La Plata que la declaró nula fue apelado con lo cual tiene un efecto suspensivo y su definición aún se aguarda.
Lacki solicitó un "análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés".
Pero la defensa de Rigau pide que se acate el fallo y se deje sin efecto la investigación hasta que se defina esa nulidad. Alfredo Gazcón, el defensor del puntero del PJ, se refirió a “postura ilegal” que tiene la fiscalía al proseguir con la investigación pese a esa nulidad decretada. “No hay acción penal legalmente vigente”, dijo la defensa y dijo que todo lo investigado en función de esa nulidad carece de validez.
“Llevar adelante medidas de prueba con esta endeble justificación, no solo sería equivocado, sino que implicaría inclusive dictar una resolución contraria a lo dispuesto por la Alzada y citar hechos irrelevante e inoponibles a los fines dispuestos por la instrucción como ser un recurso o constitución de particular damnificado, para habilitar la pesquisa”, concluyó en el pedido al juez de Garantías.
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