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El último relevamiento realizado en septiembre pasado por la Cámara de Comercio local contabilizó un crecimiento del 1,3 por ciento de la cantidad de puestos de venta ilegal en La Plata, con respecto al mes anterior, en una situación que, muy posiblemente, dada la vecindad de las Fiestas, se podría haber visto acentuada hasta la fecha.
Hace pocos meses, otra entidad de nuestra ciudad, la Federación Empresaria platense, se expidió mediante un comunicado en el que, luego de formular una serie de consideraciones, concluyó con una expresión elocuente: “No se soporta más la competencia ilegal”. Como se sabe, La Plata se encuentra entre las ciudades del país en las que más incidencia tiene la venta ilegal.
Sin embargo, a pesar de los insistentes y fundados reclamos del sector empresario, la venta ilegal se reproduce en La Plata y tal como se reflejó en el informe publicado en anteriores ediciones, crece mes a mes.
De este modo, continúa en una extrema desventaja el comercio establecido, que tributa impuestos y tasas municipales, que abre fuentes laborales con la contratación de personal y que, por lo general, sin local propio, debe afrontar, entre otros, el gasto de un alquiler.
Los puestos de venta contabilizados por la Cámara en el casco urbano ascendieron a 382, una cifra que da elocuente aviso del impacto que tiene la venta ambulante en la Ciudad.
Distribuidos en las avenidas troncales, en las diagonales y calles principales de los centros comerciales y sus adyacencias, la cantidad de puestos de venta de los más diversos rubros representa, de acuerdo con la estimación de la CAC, un aumento del 1,3 por ciento en relación a agosto, mientras que en el cálculo anual (respecto a septiembre de 2022) presentó una suba de 324,4 por ciento.
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Frente a esta verdadera saturación de puesteros en calles, plazas y centros comerciales -problema que viene originando pretéritos reclamos ante las sucesivas administraciones municipales, se encuentra la realidad de comercios, industrias y servicios que luchan en forma denodada por sobrevivir y proyectarse hacia un futuro mejor.
En ese contexto, no quedan dudas de que hacen falta medidas crediticias, impositivas y de otro tipo de estímulos que debieran promoverse cuanto antes a favor de la actividad económica formal, creadora de trabajos genuinos y multiplicadora de riquezas.
Se ha dicho ya y es preciso insistir: los problemas que plantea la crisis son de enorme magnitud y el empresariado puede dar fe de ello. La venta ambulante -que se encuentra prohibida en muchos distritos del Gran Buenos Aires, como el de Quilmes- es exactamente lo contrario de lo que se necesita para que el país se desarrolle y avance. No obstante ello, sigue sin encontrar barreras que se opongan a su expansión en nuestra ciudad.
El Estado debe ocuparse a través de otras vías de la situación de emergencia que puedan atravesar los puesteros, pero lo que no debe hacer -y es lo que hace, lamentablemente, tal como lo expresa el empresariado- es suponer que se pueda fomentar o tolerar la ilegalidad y que ello aparejará beneficios.
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