El Estado y su deuda frente al drama social por los barrios vulnerables

Se ha dicho en las últimas tres décadas, en forma reiterada, que el Estado se encuentra se encuentra en deuda en materia de política habitacional, en una situación que en el Gran La Plata se agrava con el paso de los años y el crecimiento de la población. Debieran ser planes crediticios accesibles, seguidos de la promoción de programas racionales de vivienda, las medidas que prioritariamente harían falta, según sostienen los especialistas.

Sin embargo, ante la persistente e inexplicable ausencia de esas dos condiciones, se decidió apelar al expediente de darle luz verde a la existencia de “organizaciones mafiosas”, vinculadas muchas de ellas a sectores políticos, que se vinieron “encargando” de promover el oscuro negocio de las ocupaciones ilegales de tierras y de la creación también repentina e ilegítima de asentamientos precarios.

Ahora se acaba de publicar en este diario un informe que revela el avance de las villas de viviendas precarias en la Región. En apenas doce meses alrededor de 30 mil personas encontraron un nuevo hogar en alguno de los 262 enclaves precarios que se distribuyen por toda nuestra zona. Y ya hay más de 230 mil viviendo en estos caseríos que, según un relevamiento del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP), no paran de ganar terreno. En el Gran La Plata (GLP) viven en esas condiciones miles de personas, y en ese mar de gente, cada vez son más quienes apenas se mantienen a flote, se explicó.

De acuerdo a ese informe, un tercio de la población de esta área metropolitana es pobre; un cuarto vive en villas o asentamientos que se propagan; y un diez por ciento subsiste, a duras penas, desde la indigencia.

En la nota se reseña que desde 2018 se registró la aparición de 72 nuevos enclaves de este tipo en el Gran La Plata y que todos los ya existentes crecieron, en superficie, densidad de población, o ambos rubros. Hoy los llamados barrios populares son oficialmente 262, y en un solo año, siempre de acuerdo con las cifras de la UCALP, sumaron unos treinta mil nuevos habitantes, la mayoría de ellos radicados ex Aeródromo Elizalde, conocido por su origen como la “megatoma de Los Hornos”.

Poco después de esta ocupación, los residentes en la megatoma participaron de una marcha a la Gobernación para pedir la disponibilidad de servicios públicos tan imprescindibles como inexistentes. Este problema es común a todos los asentamientos precarios, basados en arrebatos de tierras perpetrados por organizaciones clandestinas que luego fraccionan y “venden” las tierras usurpadas. También suelen registrarse casos lamentablemente trágicos, por la existencia de servicios eléctricos obtenidos mediante conexiones clandestinas, entre otros múltiples riesgos derivados de la falta de servicios públicos.

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No hay agua corriente en esos barrios, no hay cloacas, no hay redes de gas, no existen las unidades sanitarias o las escuelas, la electricidad se resolverá en el mejor de los casos enganchándose a las redes. Todo está improvisado, todo es a suerte y verdad. Casi no interviene la Justicia para dirimir situaciones, casi no ingresa la Policía para impedir los reiterados delitos e incidentes que se producen, algunos de ellos, como se ha dicho, con desenlaces fatales. El Estado viene permitiendo que impere la “ley de la selva” y que se salven los más fuertes.

Un drama social. Tal como se dijo en este diario, en la megatoma de Los Hornos –y en muchos otros puntos de la Región en donde se registran tomas de tierras- atrás de las usurpaciones hay dos fenómenos que se entrelazan y retroalimentan: la necesidad de familias desesperadas y el accionar de grupos violentos de delincuentes que, ante la falta de respuestas judiciales y políticas, se hacen fuertes en las tomas y a través de la coacción se adueñan de lotes que después se venden –y revenden ilegítimamente- a través de las redes.

El Estado –que pretende estar presente en muchas áreas en las que su presencia sobra- no aparece en toda su dimisión en estos lugares en donde su intervención es imprescindible. Todo lo malo que ocurra y lo demás que pudiera ocurrir es previsible. Así lo han advertido los vecinos de las tomas y los propios actores directos de las usurpaciones. Basta esperar que los responsables tomen medidas.