El Gobierno pidió que la Justicia no intervenga en las causas contra el DNU

El Gobierno nacional que preside Javier Milei le exigió a la Justicia que no intervenga en las causas abiertas contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. Lo hizo en una presentación realizada por los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, quienes argumentaron que la cuestionada iniciativa ya está siendo analizada por el Congreso, “que puede revocarlo, en un procedimiento cuya velocidad dependerá de la exclusiva voluntad” del Parlamento “y del debate democrático-representativo sobre el cual los jueces no pueden avanzar”.

De esa manera, y a través de dos sendos informes, la Casa Rosada respondió a los amparos presentados por el Observatorio del Derecho de la ciudad de Buenos Aires y el abogado Jorge Rizzo. A esos expedientes hizo lugar el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien, tras el descargo del Ejecutivo, quedó en condiciones de resolver si declara o no la inconstitucionalidad del DNU, tal como vienen reclamando varias entidades y organizaciones como la CGT.

“No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, más no del Poder Judicial. Pues el Poder Legislativo será quien se encuentre en mejores condiciones para examinar si resultaba necesario sortear las vías ordinarias para la sanción de una Ley”, advirtió en su escrito el Ejecutivo e insistió en que la necesidad y la urgencia de una medida de Gobierno es “una verdadera cuestión política que debe ser considerada como no justiciable”.

Sobre el Observatorio del Derecho en la Ciudad -una de las entidades que accionó contra el decreto-, la Procuración del Tesoro dijo que “carece de legitimación, al no ser titular de un derecho que resulte afectado por el DNU cuestionado”.

Contra las presentaciones que reclaman que el DNU firmado por Milei es inconstitucional, el Gobierno defendió que el proyecto cumple con la Constitución Nacional. Según los abogados de la Procuración, hay “circunstancias excepcionales, razones de necesidad y urgencia evidentes que motivaron su dictado”. Agregaron además que no regula ninguno de los temas vedados como los electorales o los impositivos y que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, lo envió al Congreso para su tratamiento.

“El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una Ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria”, se excusó el Gobierno ante la Justicia.

La presentación judicial llegó luego de que el viernes la Rosada enviara el DNU a la Comisión Bicameral del Congreso, que tiene 10 días para emitir dictamen y remitirlo a cada una de las Cámaras. La Comisión la integran ocho senadores y ocho diputados. Pero todavía no está conformada ni tiene fecha de reunión porque solo fueron designados los senadores.

Así y todo, el Gobierno considera que la Justicia no debe intervenir porque el decreto ya está en el Congreso. “Una intervención del Poder Judicial en esta instancia, constituiría una actuación cuanto menos prematura, toda vez que se encuentra en marcha el mecanismo institucional previsto por la Constitución Nacional y el trámite parlamentario de la Ley N° 26.122, cual es el debido contralor por parte del órgano legislativo, del DNU dictado”, justificaron los abogados.

El avance del Ejecutivo contra la Justicia llegó una semana después de que el fuero contencioso administrativo habilitara la feria para analizar todo el decreto y luego de las tres medidas cautelares que suspendieron las reformas laborales del DNU, tal como solicitaron la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina.