La Justicia sospecha de un fraude multimillonario con el dólar oficial

La Justicia federal investiga una serie de maniobras presuntamente ilegales vinculadas al acceso a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Según estimaciones que manejan fuentes judiciales y del Gobierno, el perjuicio podría alcanzar unos US$ 3.000 millones obtenidos a través de distintos mecanismos irregulares en plena vigencia del cepo cambiario.

De acuerdo con las investigaciones, esos dólares habrían sido comprados al valor oficial y luego revendidos en el mercado paralelo, donde cotizaban a más del doble. Eso habría permitido ganancias extraordinarias para financistas, agencias de cambio y empresas involucradas.

Actualmente existen tres expedientes abiertos en distintos juzgados federales. Uno de ellos está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi; otro es investigado por la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli; mientras que una tercera causa quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano.

Las sospechas sobre las SIRA

La investigación más avanzada se concentra en el sistema SIRA, utilizado para autorizar importaciones. Según los investigadores, varias empresas habrían sobrefacturado compras al exterior o directamente simulado importaciones para acceder a dólares oficiales.

El fiscal Picardi espera informes oficiales sobre los funcionarios que aprobaron las operaciones durante la gestión del ex secretario de Comercio Matías Tombolini. Además, aguarda el análisis de celulares de funcionarios del Banco Central (BCRA) donde habrían aparecido conversaciones vinculadas al pago de coimas.

Entre los nombres mencionados aparece el financista Martín Migueles, quien negó las acusaciones y afirmó haber actuado solamente como “intermediario”.

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Según una fuente oficial citada en la investigación, solamente mediante las maniobras vinculadas a las SIRA se habrían desviado entre US$ 1.300 y US$ 1.400 millones.

Otra de las causas investiga una maniobra conocida como “la escalerita”. Allí se analiza el uso de miles de personas y cientos de empresas para comprar dólares oficiales aprovechando excepciones vigentes durante el cepo.

En ese expediente, la jueza Servini ordenó embargos preventivos por unos US$ 600 millones sobre firmas vinculadas al financista Elías Piccirillo, Maximiliano Vallejos y Martín Migueles, entre otros.

Según la investigación, unas 2.765 personas y 647 empresas habrían sido utilizadas para adquirir dólares oficiales que luego circulaban por distintas agencias de cambio hasta perder trazabilidad.

Los investigadores sostienen que el mecanismo fue ampliado en julio de 2022 durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Desde el entorno del ex ministro rechazaron cualquier participación y sostienen que parte de las operaciones cuestionadas fueron legales.

Escrituras falsas y controles bajo sospecha

La tercera causa analiza maniobras realizadas mediante escrituras presuntamente falsas utilizadas para acceder al mercado oficial de cambios. Un informe judicial habla de operaciones por US$ 751 millones.

La agencia Marvic aparece bajo investigación por operaciones realizadas en 2021 bajo una excepción cambiaria que permitía cancelar obligaciones en moneda extranjera entre residentes.

En paralelo, el foco también está puesto sobre el Banco Central y los controles internos. El fiscal Stornelli analiza imputar a ex funcionarios por presuntas omisiones en la supervisión de agencias de cambio y entrega de divisas oficiales.

El directorio del BCRA en 2023 estaba encabezado por Miguel Ángel Pesce e integrado, entre otros, por Lisandro Cleri, Jorge Carrera y Claudio Golonbek.

Audios, chats y denuncias internas

Uno de los elementos que ahora analiza la Justicia es un audio atribuido a la ex funcionaria del Banco Central Romina García, quien sostuvo que las irregularidades eran conocidas dentro del organismo.

“Había gente arriba toda entongada”, afirmó en uno de los tramos de la conversación incorporada al expediente. Posteriormente, García sostuvo en un sumario administrativo que había realizado esos comentarios “porque estaba nerviosa”.

Además, un ex policía imputado en otra causa declaró haber trasladado “bolsos con dinero” durante la campaña electoral de 2023. Según fuentes judiciales, su eventual ampliación testimonial podría involucrar a dirigentes políticos y ex funcionarios.