La rebelión de los “ñoquis” para consagrar el derecho a trabajar

La rebelión de los “ñoquis”, que se inició en dependencias de la Municipalidad de La Plata, puso de relieve una situación conocida y sufrida por todos. A los vecinos se les encarecen las tasas por la cantidad de supuestos empleados que no prestan servicios y a los trabajadores de la Comuna los perjudica directamente, ya que la Municipalidad puede gastar de acuerdo a la recaudación que tiene para pagar salarios, mantenimiento de calles, plazas, servicios sanitarios en barrios periféricos, etc. Por lo tanto, las partidas que puedan destinarse al pago de sueldos tienen un límite. Sea que deban atender los emolumentos de seis mil o de doce mil empleados. Y, de acuerdo a la auditoría que se llevó a cabo, más del cincuenta por ciento no cumple con sus obligaciones de asistencia u horarios. Y absorben, aunque no trabajen, un porcentaje importante de la suma destinada a salarios, de tal manera que imposibilita mejoras para los que realmente trabajan. Las partidas para el pago de remuneraciones aumentaron porcentualmente en los últimos años mientras se precarizaron servicios.

En todas las actividades debe existir una exigencia de eficacia, pero especialmente cuando se administra dinero ajeno, como es el caso de presidentes, gobernadores e intendentes. Más aún en la crítica situación económica del país, que se manifiesta en las estadísticas según las cuales más del cuarenta por ciento de la población vive en la pobreza. Por lo tanto, los vecinos no pueden estar sometidos a injustificables aumentos en impuestos, tasas o contribuciones que pudieran necesitarse para financiar el pago de “empleados fantasmas” que gozan del privilegio de no trabajar. Es cierto que posiblemente los “ñoquis” no cobren realmente lo que les liquidan las dependencias oficiales porque deban pagar una comisión al “puntero” que procuró las designaciones. Lo increíble es que la rebelión de los “ñoquis” se formalizó y aparecieron reclamos de toda clase, procurando generar un conflicto de tipo gremial. De esa manera, los “ñoquis” lograrían envolver en esa situación, si pueden, a quienes realmente trabajan.

Se trata de una situación que seguramente no afecta en forma exclusiva a los platenses, pero la originalidad consiste en que los miles de beneficiarios se sientan con el derecho de seguir cobrando dinero del Estado, prestando muy pequeños servicios o ni siquiera concurriendo a la dependencia donde debieran trabajar, tal cual como puso de manifiesto la auditoría realizada por la Municipalidad. De la misma surgió que alrededor más del cincuenta por ciento de los dependientes no concurren al lugar donde están designados. El desparpajo ahora llegó hasta el punto que destruyeron equipos de control de ingreso y egreso del personal, mientras sufrían agresiones verbales, y en algún caso físicas, funcionarios de la Comuna.

Está todo dicho. Impedir por cualquier medio la verificación siquiera horaria del trabajo de los empleados es una confesión clara que no se cumplía mínimamente con las obligaciones laborales y que no existe tampoco la intención de cumplirlas.

Es cierto que son cada vez más escasas las ofertas del sector privado con sueldos acordes a las necesidades de una familia. No se puede argumentar que los “ñoquis” son producto de la falta de empleo porque, en realidad, las designaciones de “personal fantasma” se producen con el objetivo de pagar o premiar la militancia política, hecho que desprestigia a los partidos y, en definitiva, al sistema democrático.

La adjudicación y el pago de subsidios a personas desocupadas que realmente no logran conseguir trabajo debe ser una facultad indelegable ejercida por el mismo Estado, mediante una relación directa con los afectados por el desempleo y la consecuente miseria. La distribución debe ser llevada a cabo por una repartición especializada, y los pagos efectuados a través de bancos. Esa tarea no puede ser concesionada directa ni indirectamente a privados, ya sea mediante la adjudicación de subsidios a empresas u organizaciones sociales de cualquier tipo. Esas intermediaciones no han sido eficaces, se prestan a maniobras de compañías que se adjudican más servicios de los que prestan para recibir mayores subsidios, o de las organizaciones sociales donde ya se realizaron auditorías que demostraron que miles de beneficiarios no deberían recibir esos estipendios. Usando todas las partidas para la asistencia social, para el cumplimiento de ese objetivo, los afectados por la pobreza podrían recibir alguna asistencia mayor y también crearse más centros para capacitar en oficios.

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Lo mismo ocurre en la Municipalidad con los perjuicios que ocasiona, a los vecinos y a aquellos que auténticamente trabajan en la Comuna, la existencia de millares de “empleados fantasmas”.