La estrategia legal del gobierno de Javier Milei en los juicios internacionales todavía no es muy clara. Por el momento, y a pesar de la voluntad de retornar a la OCDE, no hubo noticias de negociaciones privadas con beneficiarios de los fallos contra el país. La Argentina tiene varios frentes legales abiertos y los demandantes parecen haber entendido que amenazar los activos de YPF puede ser una forma de llamar la atención de la República.
Uno de los principales juicios contra la Argentina es por la expropiación de YPF y el trato desigual que los accionistas minoritarios recibieron en 2012. El país ya fue condenado en primera instancia por la jueza Loretta Preska a pagar U$S16.100 millones, pero apeló la sentencia. No obstante, como no depositó la garantía exigida por la magistrada, los beneficiarios pueden avanzar con el proceso de embargos.
Aunque los demandantes trataron de hacer el “discovery” de activos argentinos para embargar, la realidad es que es muy difícil encontrar algún bien que cumpla con todas las características para ser embargable. Por eso, los fondos que resultaron ganadores del litigio están recurriendo a estrategias novedosas. En esa línea, el fondo Eton y el síndico español que administra la quiebra de Petersen Energía -ganadores en primera instancia- iniciaron el procedimiento para ir contra los activos de YPF. Según detalló Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue al detalle los pormenores del caso, pidieron a Preska que ordene a YPF entregar información que confirme que Argentina y la petrolera “son lo mismo” con el objetivo de identificar y embargar activos de la empresa.
Los demandantes argumentan con citas a información periodística que los puestos ejecutivos de la empresa se cubren con personas con conexiones políticas, sin formación ni experiencia en la industria energética.
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