Por qué en el Gobierno tienen puesta la mira en bajar la edad de imputabilidad

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“Tenés 13 años: si las hacés, las pagás”, tuiteó Patricia Bullrich, anunciando que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 años a los 13 años. En otras palabras, que los adolescentes puedan ser juzgados y condenados desde los 13 años.

El documento presenta varios fundamentos. Uno de ellos es la modernización de la legislación, que se explica por el año de promulgación de la normativa vigente, que fue 1980. Otro es el ajuste a los estándares regionales, basado en el desfasaje con respecto a los países latinoamericanos.

El proyecto del Régimen Penal Juvenil advierte que la edad mínima de responsabilidad penal es 14 años en Chile, Colombia y Perú, 13 años en Uruguay y 12 años en Brasil y México.

Por último, se esgrime la ampliación de las herramientas del Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil, presentando evidencia que indica que la misma se encuentra en ascenso.

Aspectos que llaman la atención

La reforma, además de reducir el límite mínimo de edad para juzgar a los menores, cuenta con algunos aspectos que llaman la atención.

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Un elemento destacado, teniendo en cuenta que el régimen aplica a los adolescentes de entre trece y dieciocho años, es el que señala que en caso de imponerse una condena condicional se deben aplicar medidas complementarias, entre las cuales figura la obtención de un trabajo.

Otro aspecto sobresaliente es el que indica que los jueces pueden ordenar la internación de niños menores de trece años en un instituto especial, si consideran que existe el riesgo de que incurran en nuevos delitos.

Otros elementos del proyecto promovido por los ministerios de Seguridad y de Justicia revelan que el máximo de penas es de veinte años y la privación de libertad se realiza en establecimientos o secciones especiales.

El oficialismo afirma que el objetivo central del proyecto es el de terminar con la impunidad. “Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”, dijeron desde el Ministerio de Seguridad que lidera Bullrich.

Opiniones divididas

Pero las opiniones están divididas. Según Unicef, la existencia de experiencias internacionales demuestra que reducir la edad de imputabilidad no disminuye la inseguridad. Contemplando la falta de datos actuales y de alcance nacional, alega que en Argentina los delitos cometidos por adolescentes tienen una incidencia muy baja, menor al 4%. Por último, recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal sea catorce años y lo más cercana posible a los dieciocho.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia y promotor central de la reforma, afirmó que quienes trabajaron en la producción del proyecto inicialmente se inclinaban por los catorce años, pero que la sucesión de crímenes cometidos por adolescentes de trece y diversos informes estadísticos los llevaron a cambiar de parecer.

Además, aseguró que “el chico tiene capacidad de comprender la criminalidad de sus actos” y que el adolescente de trece años de ahora no es el mismo que el de 1980, cuando entró en vigencia la normativa actual.

El presidente Javier Milei declaró, a comienzos de mes, que el plan inicial era bajar la edad de imputabilidad a 12 años.

“Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”, resaltó Cúneo Libarona en la presentación del proyecto.

La ministra de Seguridad es otra de las principales impulsoras del proyecto. Con la presentación, la expresidenta del PRO recupera visibilidad y sobresale entre los miembros del gabinete con una reforma que propone desde su campaña presidencial, cuando manifestaba su voluntad de bajar la edad de imputabilidad a los catorce años. Y ataca, además, uno de los temas de mayor preocupación ciudadana: la inseguridad.

El proyecto se ajusta perfectamente al estilo de la ministra y su orientación “mano dura”.

“Las consecuencias de años de zaffaronismo, sumadas al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados”, dijeron desde la cartera que lidera Bullrich.

Puja interna

La centralidad de Bullrich se presenta en un momento de tensiones al interior del PRO, en el que se enfrentan quienes buscan fusionarse con La Libertad Avanza (LLA), como Bullrich y aquellos que valoran más la autonomía de la organización y, por lo tanto, rechazan cualquier posible fusión con el partido de gobierno.

En la pulseada, Mauricio Macri viene ganando y logró que Martín Yeza sea presidente de la Asamblea del PRO, mientras el expresidente ejerce la presidencia del partido.

Tener la posibilidad de conseguir una victoria con el proyecto de la baja de la edad de imputabilidad beneficiaría a Bullrich en la interna de su partido.

Esta disputa se trasladará al Congreso con la presente reforma, donde queda pendiente observar las posturas que tomarán los miembros del PRO y los parlamentarios en su conjunto.

Se espera que el partido se posicione a favor de la medida. En efecto, el Gobierno de Macri envió un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años en 2019. Aunque quizás la interna se meta en el medio.

Es factible que los debates (entre los legisladores del PRO, pero también entre los diputados y senadores en general) giren en torno a la edad en que se fijará, ya que 13 años es un límite bajo en relación a la normativa vigente y a la recomendación de Unicef. Quizás LLA deba tener que ceder un poco.

Difícilmente la sanción del proyecto vaya a mover el amperímetro de la inseguridad en Argentina, y mucho menos acabar con la impunidad.