La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis

La expresidenta Cristina Kirchner fue trasladada ayer por la tarde al Sanatorio Otamendi por una molestia abdominal, que luego se confirmó que era un cuadro de apendicitis. Anoche aseguraron que fue operada con “éxito”. No hubo parte médico al cierre de esta edición.

Ni bien fue trasladada al sanatorio porteño los médicos determinaron que la exmandataria debía ser sometida a una intervención quirúrgica.

En el Otamendi, donde Cristina Kirchner ya fue ingresada en otras oportunidades, se encontraban familiares y dirigentes de confianza de la líder del PJ.

El traslado se realizó con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su derivación al centro de salud para estudios complementarios.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en la calle San José 1111, de la Ciudad de Buenos Aires. Fue su primera salida con autorización judicial desde hace seis meses que está presa por corrupción.

En ese domicilio está alojada desde junio de este año, cuando fue confirmada su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.

Dirigentes peronistas y militantes se acercaron eanoche al Sanatorio Otamendi para acompañar a la expresidenta Cristina Kirchner.

Entre los presentes se encontraban la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, entre otros.

En la vereda ubicada frente al centro médico, los militantes instalaron diferentes banderas.

En las últimas semanas, la expresidenta asistía desde su casa a las audiencias virtuales en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 por la llamada Causa Cuadernos

Con tobillera

En su domicilio de plaza Constitución la exmandataria pasa los días, acompañada por una tobillera electrónica, medida que no logró que le quitaran.

La Corte Suprema de Justicia confirmó, como informó este diario, la continuidad del dispositivo de monitoreo electrónico, tras rechazar la recusación presentada contra los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El tribunal sostuvo que los argumentos defensivos carecieron de fundamentación suficiente y recordó que la recusación es un “mecanismo de excepción de interpretación restrictiva”, reservado para supuestos extraordinarios.

La presentación, indicaron los jueces, se limitó a cuestionar la intervención de los magistrados sin demostrar un “temor objetivo de parcialidad”.

Al analizar el recurso extraordinario contra el dispositivo de control, la Corte recordó que el artículo 33 de la Ley 24.660 establece como regla la utilización de sistemas electrónicos en casos de prisión domiciliaria.

El fallo subrayó que la defensa no cuestionó la constitucionalidad de la norma ni refutó de manera concreta los argumentos del tribunal que dispuso la medida.

Los magistrados remarcaron que la tobillera “coadyuva al control judicial sobre la restricción ambulatoria”, respaldando lo resuelto por el Tribunal Oral Federal N° 2 y la Cámara Federal de Casación Penal.

Sobre el reclamo por visitas domiciliarias, la Corte declaró abstracta la discusión luego de que el TOF 2 impusiera nuevas restricciones hace un mes.

El Gobierno nacional venía envalentonado tras la resonante victoria electoral de octubre. Con bloques de legisladores más robustos y renovadas negociaciones con los gobernadores peronistas no K, se entusiasmaba con lograr trámites parlamentarios rápidos en ambas cámaras.

Sin embargo, la última sesión de la Cámara de Diputados le dio a la Casa Rosada un baño de realidad. Aún repartiendo recursos entre las provincias aliadas, fracasó en el interno por aprobar dos temas por demás sensibles: la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.

El gobierno de Javier Milei logró la sanción del Presupuesto, pero no pudo dar de baja a esos dos proyectos que había incluido en el texto ya que fueron rechazados por diversos bloques.

El fracaso de las negociaciones generó un pase de facturas subterráneo en la Casa Rosada. Uno de los apuntados es el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. El otro, el ministro del Interior Diego Santilli, encargado de seducir a los goberadores.

Santilli, con el OK del ministro de Economía, Luis Caputo, liberó fondos a varias provincias. Repartió $66 mil millones en concepto de ATN durante las dos semanas de diciembre, mientras que el total del año es de $199 mil millones.

Entre los que más recibieron se destacaron Tucumán ($20 mil millones); Misiones ($12 mil millones); Chaco ($11 mil millones); Catamarca ($10.500 millones); Entre Ríos ($7 mil millones); y Salta ($6 mil millones). Tal vez por eso en el oficialismo daban por propios algunos votos que luego se dieron vuelta al momento de votar el polémico capítulo 11 incluido en el Presupuesto.

Gobernadores del PJ no pudieron garantizar al acuerdo con la Casa Rosada

Pero las cuentas fallaron. Los tres tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, apoyaron en general el Presupuesto pero dos de ellos rechazaron el capítulo 11 y uno se levantó para no votar. Por su parte, los tres catamarqueños que controla Raúl Jalil también votaron a favor en general pero rechazaron el capítulo 11. En el caso de Salta, tres diputados apoyaron en general y uno se dio vuelta para voltear el artículo de la polémica.

“No es todo tan lineal y que algún diputado vote en contra no quiere decir que se haya metido el gobernador”, argumentan algunos libertarios. No obstante, otros diputados oficialistas reconocieron que tenían el compromiso previo de los catamarqueños para votar a favor o en todo caso abstenerse. También apuntan contra los diputados de Provincias Unidas, que habían ayudado a garantizar el quórum, pero luego rechazaron el proyecto. “Se iban a retirar y no lo hicieron. No se bancaron la presión del kirchnerismo”, sostenían.

Por otro lado, la relación entre los libertarios y el PRO es muy tensa. El bloque amarillo reclamó durante las negociaciones previas que se incluya en el Presupuesto la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires y se llevó un compromiso de último momento de que ese punto sería incluido.

El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, no pudo ocultar su enojo al ver que los libertarios incluyeron ese artículo dentro del polémico capítulo 11, junto con discapacidad y universidades. Como la votación era por capítulos enteros y el capítulo salió rechazado, el PRO se quedó con las manos vacías.

Los amarillos están que trinan porque además los dejaron afuera del reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación.

En ese contexto, las frágiles alianzas que logró abrochar el Gobierno lo obliga a negociar todo el tiempo y generan interrogantes sobre la agenda de Milei que incluye la reforma laboral.