Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo

En un reporte interno que el Hospital Italiano de La Plata hizo el pasado 15 de abril, un dato llamó la atención: entre los pacientes había tres casos positivos de Ralstonia pickettii, una bacteria ciertamente rara, que suele “vivir” en soluciones acuosas. Analizaron distintas posibilidades, pero a medida que aparecieron casos nuevos la fuente de infección se volvió más clara. El punto común era el fentanilo, un opioide sintético cien veces más potente que la morfina y cincuenta más que la heroína.

Así y entonces arrancaba la investigación de lo que terminó siendo la mayor catástrofe sanitaria de la historia argentina, con 124 muertos confirmados (estiman que serían, al menos, 173); 14 personas procesadas -entre directivos, técnicos y empleados de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA; y la lupa puesta en los organismos de control estatal que por distintas razones (ninguna buena), fueron incapaces de prevenir un drama que golpea particularmente fuerte en estos días.

Aunque el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ya procesó con prisión preventiva al dueño de los laboratorios, Ariel García Furfaro, a su hermano Diego y a su madre, Nilda Furfaro (entre otros), por el delito de adulteración de sustancias medicinales, decenas de padres, madres, hijos, hermanos, esposas, maridos y amigos no podrán mirar a los ojos de los suyos a la hora del brindis.

Muchos de ellos son platenses, a través de cuyas historias puede contarse la de esta tragedia con pocos antecedentes.

“LO MATARON TRES VECES”

Daniel Oviedo tenía 44 años, dos hijos, dos nietos y unos padres que nunca dejaron de acompañarlo en el tratamiento de su enfermedad: se dializaba desde los 28, pero “su fístula estaba intacta”, aclara su madre, Sandra Altamirano. Trabajaba con el taxi de la familia y su vida transcurría como siempre, hasta el 25 de febrero pasado. Ese día se sintió agitado.

“Solía pasarle cuando se acercaba el momento de su diálisis”, apunta Sandra, por lo cual se acercó al hospital Italiano, lo internaron y a las 18 horas de ese mismo día lo derivaron a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Según recuerda la madre, al día siguiente Daniel sufrió un paro cardiorrespiratorio y el cuadro comenzó a complicarse. Lo entubaron durante 15 días, le hicieron traqueostomía, lo sometieron a dos cirugías que duraron entre 4 y 6 horas cada una y estuvo en la UTI hasta el 17 de mayo, cuando finalmente murió por una falla multiorgánica y un shock séptico. Pesaba unos 25 kilos.

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La noche anterior, recuerda su madre que “nos pidió que lo lleváramos a casa, porque, aunque estaba traqueostomizado, nos entendíamos. Nos decía que lo iban a matar y el padre le contestaba ‘te están cuidando’”.

Entre el 2 y el 5 de mayo el hospital avisó a la ANMAT por las infecciones detectadas y el 8 de mayo el organismo emitió su primera alerta. El 13 de mayo prohibió en todo el país la distribución, la venta y el uso de los productos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. También clausuró las compañías y presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal N°3 de La Plata.

Mientras tanto, y a pesar de la gravedad del cuadro, Sandra y su marido no esperaban que su hijo muriera. “Es que no sabíamos lo que estaba pasando”, acota ella. Atravesados por un dolor lacerante, cumplieron con el ritual de despedirlo. Unas dos semanas después de cremarlo, se enteraron por posteos en redes sociales que “había fentanilo contaminado en el Hospital Italiano”.

Lo primero que hicieron fue presentarse en el juzgado que tenía a cargo el incipiente expediente, donde les sugirieron gestionar una reunión con las autoridades del hospital, porque había secreto de sumario. “El director nos confirmó que Daniel había recibido el fentanilo contaminado, pero si no nos movíamos nosotros ni nos enterábamos. No le avisaron a ninguna de las familias”, lamenta Sandra, sin pasar por alto que, incluso, “a algunas se lo negaron y tuvieron que recurrir a la justicia”.

Pese a todo, reivindica la atención que recibió su hijo en terapia intensiva, porque, aclara, “ellos tampoco sabían que tratando de sanarlo le inoculaban este veneno”. Su bronca inicial apuntó al laboratorio. Y aunque cada protagonista en esta historia vivió el duelo de maneras distintas, cuenta que todos coincidieron en sentir que a su familiar lo “mataron tres veces: cuando murió; cuando surgió la sospecha de que fue por fentanilo y cuando llegó la confirmación”.

Sandra asegura estar “muy conforme con el trabajo del juez Kreplak”, consciente de que enfrentan un proceso que llevará mucho tiempo.

“Él (por el magistrado) nos citó para hablar con cada uno de los familiares y nos dejó la puerta abierta”, dice. También entiende como un logro el haber podido integrar la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado que se formó en la Cámara de Diputados: “Es la primera vez que familiares de víctimas pueden estar a la par de los legisladores, en el mismo espacio, tomando el mismo café y hablando de la misma manera”.

Un dato positivo es que esa comisión avanza a la implementación de reformas que podrían convertirse en la mayor actualización del sistema de control sanitario desde la creación de la ANMAT, en 1992. Este organismo fue la respuesta que por aquel entonces encontró el Estado para otro escándalo sanitario: la muerte de 25 personas por la ingesta de jarabes y caramelos de propóleo adulterados. Y ya se sabe que lo que no se aprende, se repite.

El martes pasado, familiares de las víctimas realizaron dos concentraciones en espejo en La Plata y Rosario, para refrescar el reclamo de justicia.

Sandra reivindica el acompañamiento que dice haber recibido de parte de las autoridades bonaerenses y municipal y cuestiona la falta de “aliento y empatía de parte del gobierno nacional”.

“El ministro (de Salud, Mario) Lugones y los directivos de la ANMAT fueron invitados dos veces a la comisión, pero ninguno se acercó”, denunció. También se quejó por la “falta de atención psiquiátrica y psicológica” para los familiares de las víctimas. “La hija de uno de los fallecidos intentó suicidarse”, reveló.

“CONOCIMOS EL HORROR”

La última vez que Clarisa Álvarez recuerda haber visto bien a su papá fue el 9 de febrero de este año. Estaba sentado en una cama del Italiano, comiendo una gelatina y tomando una sopa, después de que lo operaron por un infarto. Según les informaron los médicos, todo había salido bien. Al día siguiente Clarisa cumplía años y, para celebrarlo, emprendía un viaje que había programado desde hacía tiempo con una amiga. “Andá tranquila”, le dijo él, “me pasan a otra habitación y me voy”.

Haciendo el check in en Ezeiza, una llamada cambió la vida de Clarisa para siempre: su papá se había descompensado. “A partir de ese momento conocimos el horror”, describe ella.

Ramón tenía 69 años y fue chofer de ambulancias hasta que se jubiló, aunque nunca dejó de estar activo. Trabajaba en un taller, se levantaba “de madrugada”, cuenta su única hija, y “andaba en bicicleta”. En la madrugada del 7 de febrero se despertó descompuesto y sudando, cuadro que él y su mujer adjudicaron a unas tortas fritas que habían comida esa tarde. Era el corazón. Lo operaron y pasaron a una terapia intermedia para monitorearlo.

“Mi papá tenía músculos, era ágil”, describe Clarisa a aquel hombre que “murió” el 9 de febrero, aunque se mantuvo vivo durante los dos meses que siguieron, con respirador, traqueostomía y sujeto a la cama: “Nunca más volvió a ser el mismo. Lo vimos sangrar, se le explotaban los catéteres, porque es exactamente lo que hace la bacteria. Vimos el peor deterioro”, hasta que le diagnosticaron neumonía bilateral y lo subieron al tercer piso. En todo ese tiempo Clarisa escuchó la palabra fentanilo varias veces, dicha por las enfermeras de terapia. “Parecían estar en un shopping, con poca empatía”, lamenta. Ramón murió el 12 de abril.

Ella y su mamá se sumieron en el duelo de una muerte que no esperaban: “Creíamos que iba a salir. No imaginábamos que le estaban pasando bacterias en ese maldito suero que le ponían para tranquilizarlo en su momento más vulnerable. No estaba en un spa. Necesitaba que lo cuidaran”.

Sin embargo, pasaron algunas semanas antes de que Clarisa cayera en la cuenta de que que le había pasado a su papá era casi igual a lo que padecieron otros pacientes del mismo hospital, en fechas similares. “Lo peor es que algunos murieron después”, cuestiona, por lo cual descree de la “lista de afectados que dio a conocer el Italiano. Son más”.

Clarisa consiguió que le enviaran por mail la historia clínica de Ramón. Al final de un informe de 600 páginas, leyó que tenía klebsiella pneumoniae, considerada una “superbacteria” por su resistencia a diversos tratamientos con antibióticos. “Ese fue mi segundo duelo, porque nadie me avisó”. El tercero, tal como detalló Sandra, sobrevino con la confirmación de que su padre era uno de los 18 pacientes que habían sido tratados con el lote 31202 del “FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml”, contaminado.

A la cabeza de la lista de responsables, Clarisa ubica a los empresarios del laboratorio, a las “entidades que tenían que protegernos” y a los gobernantes que “nos dejaron solos”.

Está convencida de que las víctimas fatales de esta catástrofe son “muchas más que 124. Sucede que hay familiares, como mi mamá, que no tienen fuerzas para pedir justicia”.

“A todos nos robaron la mitad de la vida. Nunca pensamos estar en este lugar, pidiendo justicia. Porque no fue nuestra culpa. Hicimos lo que teníamos que hacer, llevarlos a una clínica, con una obra social. Yo ya se la verdad: me mataron a mi papá y nadie me lo va a devolver, pero hago esto para que no vuelva a pasar. Que ese laboratorio se cierre, que se pida trazabilidad (en los medicamentos e insumos sanitarios) y que cualquier verdulero no pueda comprar un laboratorio fundido”.