Empresarios procesados por una presunta insolvencia fraudulenta

En el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, a cargo de la fiscal federal María Laura Roteta, el Juzgado Federal N° 1 dictó el jueves pasado el procesamiento de cinco directivos de un grupo de empresas y de diversas personas jurídicas por considerarlos coautores de los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y evasión tributaria, en perjuicio del fisco nacional por la suma de casi 4.000 millones de pesos.

La medida fue dispuesta luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara las declaraciones indagatorias y los procesamientos y alcanza a la firma Quilmes Tolosa S.A. -distribuidora de una reconocida firma cervecera- y a otras sociedades vinculadas que habrían integrado un entramado destinado a evadir obligaciones tributarias mediante la interposición de personas jurídicas. De las cinco personas procesadas, cuatro son hombres y la restante, mujer.

Asimismo, el juzgado ratificó las medidas cautelares dispuestas desde el inicio del proceso -embargos sobre más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias- con el objetivo de asegurar el recupero de los activos y el cobro de la deuda tributaria.

La investigación contó con la colaboración del Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco; la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli; y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), cuya titular es María del Carmen Chena.

El caso se inició a partir de una denuncia formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), delegación La Plata, sobre presuntas maniobras de evasión vinculadas a distintos tributos correspondientes, al menos, a los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024, así como a un proceso de vaciamiento patrimonial sostenido durante casi una década.

La investigación fue delegada en la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación que, en ese marco, reconstruyó la estructura societaria del grupo económico, determinó el alcance real de su operatoria comercial y verificó la existencia de circuitos de ventas no registradas y traspasos patrimoniales.

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Durante la pesquisa se llevaron a cabo numerosas medidas de prueba, entre ellas, allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales, en los que se secuestró documentación contable, societaria y financiera relevante, además de dinero en efectivo. Las tareas contaron con la asistencia de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina.

Según lo reconstruido hasta el momento, la firma principal registraría una deuda fiscal millonaria cuya ejecución habría sido obstaculizada mediante la transferencia de activos y flujos económicos hacia otras sociedades del mismo grupo.

En base a los elementos reunidos, la fiscalía y el área operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la PROCELAC solicitaron el llamado a indagatoria de los responsables, lo que derivó ahora en los procesamientos dictados por el juzgado interviniente.

Previamente, el Ministerio Público Fiscal había solicitado al juez numerosas medidas cautelares que fueron ordenadas. En el procesamiento, el juzgado mantuvo las medidas cautelares sobre bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias y demás activos de las personas humanas y jurídicas imputadas, por un monto cercano a los 4.000 millones de pesos, con el objeto de asegurar el eventual recupero de los activos.