La muerte de Alejandro Águila, el niño de 12 años que falleció tras ser arrastrado durante varios kilómetros por un automóvil robado en Chile, reavivó inevitablemente el recuerdo de uno de los crímenes que más impactó a la Argentina en 2025: el asesinato de Kim Gómez, la niña platense de 7 años que también perdió la vida luego de que delincuentes le robaran el vehículo a su madre y escaparan con ella a bordo. Ahora están pidiendo la "Ley Alejandro", comparable con el pedido de justicia por Kim.
Aunque ocurrieron en países distintos y con diferencias en las circunstancias, ambos casos comparten un mismo punto: un violento robo automotor protagonizado por jóvenes delincuentes (algunos menores), una víctima menor de edad que quedó atrapada en el vehículo durante la huida y un desenlace fatal que generó una profunda conmoción social.
En el caso ocurrido en San Bernardo, en la Región Metropolitana de Chile, Alejandro Águila regresaba el martes 23 junto a su familia tras Día del Padre desde el aeropuerto cuando fueron interceptados por una banda. Los asaltantes golpearon a los adultos y escaparon con el automóvil sin advertir, o sin detenerse pese a ello, que el niño había quedado sujeto por el cinturón de seguridad con una puerta abierta. Fue arrastrado durante casi tres kilómetros y murió producto de las graves lesiones. La investigación determinó que la banda estaba integrada por adolescentes y jóvenes de entre 17 y 23 años, varios con antecedentes, quienes fueron detenidos pocas horas después.
La tragedia recordó inmediatamente el crimen de Kim Gómez, ocurrido en la La Plata en febrero de 2025. En aquella oportunidad, dos adolescentes de 14 y 17 años robaron el automóvil de la madre de la niña cuando ella bajó por compras. Kim permaneció dentro del auto durante la fuga, quedó atrapada y fue arrastrada durante unas 15 cuadras, sufriendo heridas que le provocaron la muerte. El caso abrió un fuerte debate federal sobre la participación de menores en delitos violentos y la baja de la edad de imputabilidad.
Más allá de las diferencias propias de cada investigación, ambas tragedias presentan similitudes que conmocionaron a la opinión pública. En los dos hechos las víctimas eran menores de edad, los autores emprendieron la fuga inmediatamente después del robo y continuaron su marcha pese a que los niños quedaron atrapados, provocando consecuencias fatales.
Incluso el fiscal chileno Leonardo Tapia descartó que la muerte de Alejandro pudiera considerarse un accidente y sostuvo que los responsables actuaron con un "desprecio por la vida" de la víctima, al afirmar que "esto no fue un accidente. No se les escapó de las manos".
Los casos de Kim Gómez y Alejandro Águila quedaron separados por poco más de un año, pero una modalidad criminal de extrema violencia que terminó con la vida de dos niños inocentes y volvió a instalar en ambos países el debate sobre la respuesta del sistema penal frente a delitos cometidos por menores de edad.
La posible 'Ley Alejandro'
El proyecto comenzó a ser impulsado por la familia del menor pocos días después del crimen y apunta a modificar la respuesta penal frente a las llamadas "encerronas" (robos violentos de vehículos) y otros delitos cometidos en grupo.
La propuesta tiene como eje central establecer que quienes participen en estos hechos cumplan penas de cárcel efectivas y sin beneficios (hoy rige desde los 14), independientemente de la edad de los involucrados. Según explicó el padre de Alejandro, el objetivo es evitar que los responsables puedan acceder a rebajas de condena u otros beneficios penitenciarios cuando intervienen en delitos de extrema violencia.
• Condenas efectivas para quienes participen en encerronas y delitos grupales violentos.
• Eliminación de beneficios penitenciarios para los condenados por estos hechos.
• Aplicación de sanciones sin distinguir si los autores son menores o mayores de edad.
• Revisión de la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
• Mayor apoyo y asistencia del Estado para las familias de las víctimas.
En paralelo, el proyecto comenzó a generar respaldo político. El diputado chileno Cristián Neira solicitó al Gobierno que otorgue urgencia a una propuesta legislativa que persigue un objetivo similar: garantizar el cumplimiento efectivo de las penas en delitos graves contra la vida y reforzar las sanciones para hechos de alta violencia.
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