Crece la polémica por resolución que habilita a la Policía a pedir DNI

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, garantizó hoy que la policía no podrá  detener a alguien "por portación de cara", a partir de la  resolución judicial que la habilita a requerir a los ciudadanos la  exhibición del documento de identidad (DNI).    

No obstante, un representante de una ONG y dirigentes de  izquierda cuestionaron la medida y alertaron sobre posibles "fines persecutorios" o de "extorsión" de las fuerzas.    

"El fallo lo que hace es encontrar ese justo medio entre la  actividad policial, las políticas de seguridad, y el derecho del  ciudadano a andar circulando libremente por la ciudad sin tener que  ser interferido", aseguró Ocampo al referirse a la resolución del  Tribunal Superior de Justicia porteño que determinó que la policía  tiene la potestad de requerir la exhibición del DNI con finalidad  de prevención del delito y sin violar garantías constitucionales.    

Sin embargo, la presidenta del Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC), Claudia Cesaroni, apuntó que "no existe ninguna  norma legal" que obligue a los ciudadanos a portar el DNI,  mientras que el legislador porteño Marcelo Ramal (FIT) alertó que la  medida judicial podrá ser ejercida "con fines persecutorios o,  incluso, de extorsión".    

En medio de la polémica, Ocampo advirtió que si durante un  procedimiento un policía "se sobrepasa, hace lo que no tiene que  hacer, incumple la ley o hace abuso de su posición de autoridad, tiene  que tener sanciones".    

En diálogo con radio Del Plata, el ministro porteño manifestó  que, en realidad, "ese fallo es una limitación a la actividad  policial".    

Consultado sobre cómo se evita la posible discrecionalidad de  las fuerzas de seguridad, Ocampo invocó la necesidad, en primer  lugar, de un "control" estricto por parte de las "organizaciones del  Estado sobre la función policial".    
Pero, además, indicó que "el ciudadano debe estar atento a  cómo las fuerzas de seguridad ejercen su trabajo, mientras que los  funcionarios también deben estar atentos a escuchar cualquier  reclamo de un ciudadano".    

Desde la CEPOC, Claudia Cesaroni, explicó que la facultad que  se otorga a los efectivos "surge de la ley orgánica de la Policía  Federal" y ha sido "discutida en muchas ocasiones" por su  "carácter discriminatorio, estigmatizante".    

En declaraciones a radio América, Cesaroni aclaró que el eje  central de la discusión radica en los parámetros que utilizan las  fuerzas de seguridad para demorar a una persona para su posterior  identificación porque, sostuvo, "no lo hacen al azar" como dice el  fallo.    

Ramal, legislador por el Frente de Izquierda y de los  Trabajadores, evaluó que "la resolución del Tribunal es un cheque en  blanco a la policía, que podrá ser ejercido con fines persecutorios o  incluso de extorsión".    

En este contexto, sostuvo que la medida es "un retorno  agravado a los tiempos de los edictos policiales" que rigieron en el  pasado, sobre todo durante la dictadura.