Empresarios salen a reclamar a los candidatos propuestas y debates

El Foro de Convergencia Empresarial, integrado por 72 entidades empresarias, reclamó ayer que “todos los candidatos a cargos ejecutivos” en las elecciones de octubre están “obligados” a “informar sus programas de gobierno” en materia de pobreza, educación, seguridad, narcotráfico, el futuro de la economía, y debatirlos”.

Asimismo, en el documento titulado “El pueblo quiere saber de qué se trata”, los empresarios pidieron el utilizar la “boleta única y/o electrónica” para asegurar “la transparencia del proceso de votación y conteo”, ya que el actual sistema genera “indeseables sospechas de fraude”.

En un duro texto en el que llamaron a que el día de la elección “la responsabilidad y el análisis a conciencia deben primar a la hora de emitir esta decisión”, las cámaras empresariales señalaron que “así como es clave votar, también resulta esencial defender el derecho de los ciudadanos a conocer en detalle las propuestas de los partidos contendientes”.

“Todos los candidatos a cargos ejecutivos, incluyendo los gobernadores provinciales, están obligados ante la sociedad a informar sus programas de gobierno y debatirlos públicamente”, exclamaron.

La relevancia del documento está dada por las representaciones empresariales que lo firmaron.

En ese contexto, el foro empresarial consideró que “es prioritario que se debata sobre “el Estado que se quiere; la calidad de la educación; la inclusión laboral; la reversión de la pobreza; la cobertura de la salud; el futuro de la economía; el desarrollo de los sectores productivos; la seguridad pública; la prevención del narcotráfico; la independencia de la justicia; el respeto a la institucionalidad; y la inserción del país en el mundo”.

BOLETA ELECTRONICA

Asimismo, pidieron “el uso de la boleta única y/o electrónica, ya experimentado en algunas jurisdicciones, o métodos similares que aseguren la transparencia del proceso de votación y conteo, se imponen como instrumentos superadores del actual esquema de listas impresas, que tradicionalmente generan indeseables sospechas de fraude y atentan contra el respeto y la autonomía de la decisión del electorado”.

“Argentina debe alcanzar esta meta de calidad institucional y democrática en defensa de la República”, indicaron, tras lo cual concluyeron: “La misma calidad de país que, con condiciones adecuadas, puede atraer en el término de diez años inversiones por 300.000 millones de dólares y generar más de 3 millones de nuevos puestos de empleo genuino para beneficio de la sociedad en su conjunto”.

También firmaron organizaciones profesionales y sociales y fundaciones como ACIERA, AMIA, Asociación Conciencia, Centro Islámico, Colegio de Abogados de CABA, Colegio de Escribanos de CABA; Comisión Nacional de Justicia y Paz; CSC (Confederación de la Sociedad Civil) Consenso Republicano, CPCE (Consejo Profesional de Ciencias Económicas), CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas), DAIA, FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) , el Foro para el desarrollo de las Ciencias, Fundación del Tucumán, Fundación Global, Fundación Libertad y Fundación Vida Silvestre Argentina.