Buscan sancionar a los médicos que cobran extras indebidos a los pacientes

Semanas antes de la fecha programada para someterse a una cirugía abdominal, Norma se enteró que su operación, pese a estar cubierta por el plan médico que ella pagaba, iba a tener un costo adicional. Al entregarle las órdenes para realizarse los estudios pre quirúrgicos, la secretaria de su cirujano le informó que debía abonar un “diferencial” de 25 mil pesos. ¿Por qué? Porque esas eran las condiciones con la que trabajaba “el doctor”; si no estaba de acuerdo, podía elegir a algún otro profesional. Docente jubilada, Norma no tenía el dinero que le pedían, pero tampoco la determinación para salir a buscar a esa altura algún otro médico a quien confiarle su salud. Conclusión: para no pedir ayuda a sus hijos, terminó vendiendo su viejo Renault.

Una entre tantas, la historia de Norma describe una maniobra que, aunque naturalizada en ciertos ámbitos a lo largo de los años, se considera un ilícito: el cobro indebido de prácticas médicas por fuera de los convenios prestación. Desde que el año pasado el IOMA lanzó una campaña informativa para ponerle freno, sólo esa obra social ha recibido ya más de 1.500 denuncias; una cifra que, según afirman las autoridades, estaría lejos de describir el fenómeno en toda su magnitud.

“Por cada denuncia que recibimos hay cientos de casos que quedan sin denunciar. A los afiliados les cuesta mucho formalizar la denuncia cuando son víctimas de un cobro indebido; en parte porque la práctica se ha venido extendiendo tanto que muchos lo ven como algo normal; pero también por la vergüenza o el temor de confrontar con la persona a la que le confían el cuidado de su salud”, explican desde el Instituto de Obra Médico Asistencial.

Lo cierto es que más allá de las propias limitaciones para reaccionar y la situación de vulnerabilidad especial en que se encuentran muchas veces los pacientes, el reclamo de un plus suele ser enmascarado con diversos argumentos más o menos convincentes pero que no justifican su irregularidad. Con frecuencia el cobro extra responde a la necesidad de “cubrir materiales descartables”, “adelantar la fecha de la cirugía” o bien “salvar los costos” frente a la desactualización de los valores abonados por la obra social.

Como observan desde el IOMA y otras obras sociales, el cobro indebido se habría extendido ya a una amplia diversidad de prestaciones: desde consultas y estudios hasta cirugías programadas: aunque en general se da por fuera de las centros médicos, donde resultaría más difícil de encubrir. Y si bien no se dispone de cifras que den cuenta de su alcance, el Consejo de Obras Sociales Provinciales (COSSPRA) asegura que su práctica ha venido creciendo en todo el territorio bonaerense, en particular en localidades pequeñas donde, por la escasez de especialistas, los vecinos no puedan darse el lujo de elegir.

DENUNCIAS Y SANCIONES

“Es necesario empezar a llamar las cosas por su nombre: el cobro indebido no es una simple picardía; es un ilícito, un acto falto de ética, una estafa al afiliado que se aprovecha de su vulnerabilidad, y una amenaza contra el sistema solidario de salud”, sostiene Antonio La Scaleia, presidente del IOMA, quien encabeza una campaña para alentar a los afiliados a que denuncien este tipo de situación a fin de erradicarla.

Consciente de que uno de los grandes obstáculos para formalizar denuncias es la falta de pruebas, el presidente del IOMA aclara que “no es necesario contar con un recibo del pago realizado, ya que esto rara vez se da”. “Nos basta con que el hecho se denuncie para tomar conocimiento de los médicos que aparecen en forma recurrente y de esa forma actuar de oficio con un equipo de la Dirección de Relaciones Jurídicas que se encarga de realizar la investigación”, dice.

A la par de la auditoría que comienza a realizar el IOMA sobre ese prestador sospechado, las actuaciones son remitidas a la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA) ya que los casos de cobro indebido suponen a su vez una forma de evasión tributaria y, por tanto, un delito penal. De comprobarse que existió un cobro indebido, el IOMA tiene la posibilidad de excluir a ese profesional de su cartilla de prestadores, o bien, de aplicarle al médico sancionado una multa contractual equivalente a entre 10 y 100 consultas de la categoría C.

“No hay reunión de directorio en que no se discuta la sanción a algún profesional”, cuenta La Scaleia, quien aclara sin embargo que es importante no generalizar. “No queremos poner a todos los médicos en la misma bolsa porque hay muchísimos colegas que trabajan como se debe; lo que queremos es simplemente que aquellos que estafan a los afiliados sepan que los vamos a perseguir”.

UN CONTEXTO QUE NO AYUDA

Aunque las entidades profesionales y gremiales que nuclean a los médicos concuerdan con el IOMA en que el cobro indebido constituye una irregularidad que no puede permitirse, sus autoridades suelen hacer hincapié en la realidad salarial que existe detrás del fenómeno, no como una justificación sino más bien como un hecho que incide fuertemente sobre él.

Aunque las entidades médicas reconocen que el cobro indebido no se puede permitir, señalan el deterioro salarial que existe detrás del fenómeno, no como justificación sino como un hecho que incide sobre él.

“Nuestra postura es muy clara -explica Jorge Mazzone, el presidente del Colegio de Médicos de nuestro distrito-, los médicos que se comprometen a trabajar con una obra social deben respetar lo pautado y no es ético cobrar de más. Pero hay una realidad que si bien no justifica nada, tampoco escapa a esta realidad; y es el tremendo deterioro de nuestros honorarios y la necesidad de una recomposición de los valores que abona la obra social provincial”.

“Si se tiene en cuenta que la consulta básica por IOMA se paga poco más de noventa pesos, de los cuales queden unos setenta de bolsillo al restarle los descuentos, el trabajo de un médico hoy sale menos que un kilo de queso y lo que se gana en una hora de consultorio no alcanza para pagar siquiera el arreglo de una canilla. Los honorarios que paga el sistema de seguridad social están incluso por debajo del mínimo ético fijado por nuestro Colegio, que hoy es de 260 pesos la consulta”, comenta Mazzone.

En la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) expresan una postura similar. “No queremos que ninguno de nuestros afiliados cobre por encima de lo que se acordó, porque si alguien firma un convenio lo tiene que respetar. Pero en este contexto no puede perderse de vista el hecho de que los valores están muy atrasados. Mientras que en los últimos cuatro años hemos tenido que enfrentar un aumento del 200 por ciento a nuestro personal, el incremento de los valores de IOMA ha sido de solo el 140 por ciento. Como se ve, hay un desfasaje importante que estamos intentando que se reconozca”, cuenta Héctor Vazzano, el presidente de la entidad.

“No es cierto que IOMA pague mal -se defiende La Scaleia-. Por el contrario, tenemos buenos aranceles. Si como médico me preguntan si mi trabajo vale más, por supuesto que sí; pero los valores fijados deben evaluarse en el contexto de la realidad del país; son el término medio entre lo que se pretende y lo que se puede pagar. No obligamos a ningún profesional a que acepte esas condiciones, pero si las acepta para acceder a nuestros dos millones de afiliados, no puede estafarlos cobrándoles de más”.