Investigan presuntas irregularidades en un procedimiento policial en Punta Indio

“No cierra nada”. Con esa simple frase, un investigador judicial puso bajo la lupa un reciente operativo policial desarrollado en la localidad de Punta Indio, a partir de una denuncia por un robo en la estancia “La Omara”, situada en el kilómetro 140 de la de ruta 11, que se dedica a la cría de ganado vacuno.

Como se recordará, por este caso, que publicó EL DIA en su edición del 10 de diciembre pasado, un operario había sido detenido, aunque, a causa de las inexactitudes que habrían surgido del cotejo del acta de procedimiento, con los dichos de un testigo de cargo, “tuvimos que liberarlo”, expresó la misma fuente.

El hecho, en base a las constancias del expediente, ocurrió el 5 de este mes, cerca de las 14.00, y tuvo como damnificado a un peón del campo, a quien supuestamente, de un puesto ubicado dentro del predio, le sustrajeron la suma de 37 mil pesos, que tenía ahorrada para la compra de un terreno en la provincia de Formosa.

Iniciada la intervención policial, del Comando de Prevención Rural de Punta Indio, por indicaciones de la víctima, se logró dar con un sospechoso, de 38 años, en poder del cual encontraron dinero en efectivo y además “confesó la autoría en una charla privada con los efectivos”, según reflejó un parte oficial.

Sin embargo, a partir de ese momento, comenzaron a surgir varios interrogantes, que afectaron la legalidad de lo actuado, al punto que el acusado, que estaba aprehendido, tuvo que ser dejado en libertad.

¿Qué sucedió? Al ser elevadas las actuaciones al Fuero de Flagrancia en turno de La Plata, que estaba a cargo de la doctora Maribel Furnus, quien debía resolver la situación procesal del imputado, se decidió convocar al testigo del operativo para que ratifique sus dichos en sede judicial.

Fue el día 12 de diciembre que esa persona acudió a tribunales y brindó una descripción de los acontecimientos, la cual, lejos de apuntalar lo actuado por el CPR, dejó más dudas que certezas, ya que la mayoría de los hechos que aparecía acreditando, en realidad, no los había presenciado.

“La plata que habían robado no apareció en su totalidad, ya que sólo se recuperaron 21.972 pesos. Además el día que aprehendieron a ese trabajador sindicado como autor del robo, éste había cobrado su sueldo, por lo que era lógico que tuviera dinero encima”, destacó un informante.

Por si fuera poco, “a la mujer del acusado, con quien estuvieron conversando a solas, le dejaron unos 3.000 pesos para gastos, que habrían sacado del propio secuestro”, añadió sorprendido.

Otra prueba que se tomó para definir la excarcelación fue cuando el testigo del procedimiento contó que, estando en la seccional, “pasó mucho tiempo hasta que terminaron las actas, eran como las 9 de la noche y le pregunté a (la víctima) que buscáramos el resto del dinero que le faltaba, aunque la Policía decía gracias que encontramos esto”.

Asimismo, cuando la fiscal Furnus le preguntó al testigo que pasó con el dinero, manifestó que “no vio que se lo entregaran a (la víctima), no lo hicieron en su presencia” y también resaltó que firmó el acta sin leer su contenido.

En concreto, lo que ahora presumen los investigadores es que la víctima podría tener conflicto laboral con el demorado y que por esa simple cuestión pudo haber direccionado su acusación.

LA INTERVENCION DE ASUNTOS INTERNOS

Por todo esto, no existiendo elementos de convicción suficientes para mantener la medida de coerción, el juez de garantías de La Plata, Juan Pablo Masi, ordenó la liberación del detenido, que la fiscalía investigue la posible existencia de delitos de acción pública y mandó copia de todo lo actuado a la Dirección de Asuntos Internos bonaerense para que inicie un sumario administrativo y determine si existieron actos incompatibles con la función pública.