La Universidad Nacional de La Plata le inició ayer un juicio académico a autoridades y ex autoridades de la facultad de Medicina por negarse a firmar los títulos de quienes se reciben, desde fines del 2013, tras realizar la práctica final obligatoria bajo aval judicial.
El proceso comenzó con la toma de declaración a 5 estudiantes por parte de la Comisión Instructora, conformada por los profesores Juan Carlos Domínguez Lostaló y María Antonia Luis, de la facultad de Psicología; Mauricio Gende, del Observatorio, y Graciela Durso y Alfredo Ricciardi, de Odontología. También estuvo presente la secretaria Académica de la UNLP, Mercedes Medina.
La declaración de cada alumno se extendió durante poco más de una hora y media, por lo que la primera jornada del juicio finalizó entrada la noche.
Según se informó, la semana que viene se tomará declaración a no docentes de la facultad de 60 y 120. Luego se continuaría con las autoridades, aunque hasta la víspera no se comunicó la fecha en que comparecerán.
El juicio académico fue aprobado el 11 de marzo de este año por el consejo superior, que además dio el visto bueno a una resolución que permite expedir los títulos al presidente y al vicepresidente académico de la casa de altos estudios.
En ese entonces, el decano de Medicina era Jorge Martínez y la secretaria Académica de la facultad Ana Lía Errecalde. Hoy, Martínez sigue desempeñándose como profesor, mientras que Errecalde asumió el decanato.
No obstante, la decisión de no firmar los títulos se mantuvo tras el cambio de autoridades, y la conducción de la unidad académica aguardará que se expida la Corte Suprema de Justicia, hasta donde llevó la causa.
UNA PELEA LARGA Y COMPLEJA
La polémica por la práctica final obligatoria -último año de la carrera- comenzó en Medicina a mediados del 2010.
Entonces, el decanato de la facultad sacó la resolución 561 que establecía que para ingresar a la práctica no se podía deber ninguna materia, y decía que la nueva exigencia empezaría a regir a principios del 2011. La medida derivó en una toma masiva de la casa de estudios, que se extendió durante 17 días.
Medió en el conflicto el ministerio de Educación, que propuso a la facultad que aplicara esa exigencia a partir del 2013, lo que quedó establecido en una nueva resolución, la 602/2010.
Pero en 2012, el consejo superior de la UNLP dictaminó que la normativa no podía aplicarse en forma retroactiva, es decir, a quienes hubiesen iniciado sus estudios antes del 2010, por considerar que implicaba “un cambio de plan de estudios sobre la marcha” para esos alumnos.
A partir de allí se sucedieron las presentaciones judiciales.
Como la conducción de Medicina no puso en práctica la disposición del consejo superior, por lo que hizo extensiva la exigencia de no adeudar finales para realizar la práctica final a todos los estudiantes -más allá del año en el que hubiesen ingresado a la carrera-, los alumnos comenzaron a presentar recursos de amparo. Y la Justicia les hizo lugar, de manera que la unidad académica debió inscribirlos para hacer la práctica. Pero cuando el primer grupo de esa camada se recibió, no le firmó los títulos. Y ante una nueva intimación judicial, llevó el caso -como se dijo- hasta la Corte Suprema.
El consejo superior decidió entonces iniciarle juicio académico.
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