El gobierno bonaerense adhirió al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (protocolo ILE) que elaboró Nación el año pasado.

De esta forma, según informó el gobierno provincial, se eliminan los obstáculos al acceso a este tipo de prácticas y adecua los lineamientos para que puedan acceder mujeres y niñas sólo bajo las causales de peligro de la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fuese producto de una violación.

La provincia de Buenos Aires se suma así a otras ocho jurisdicciones –Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego– donde rigen protocolos de ILE de acuerdo a los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012.

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva bonaerense establece que todos los efectores de salud, (incluyendo al personal administrativo y de seguridad) son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la ILE cuando corresponda.

Además, indica que las mujeres y niñas que desean acceder a la práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible; en un espacio de confidencialidad y privacidad.

También se incorporan avances respecto del grupo de jóvenes y niñas, conforme los nuevos preceptos establecidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, reconociéndolos como sujetos de derecho con capacidad para tomar las decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva de manera informada.

Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, celebró esta resolución y aseguró que la iniciativa “es un paso adelante en el ejercicio de los derechos sexual y reproductivos de las mujeres y niñas”.

“Es imprescindible que los servicios y efectores de salud renueven su compromiso con la vida y la salud de las mujeres. La prevención de abortos inseguros y la consecuente mortalidad materna es una condición necesaria para toda política de estado respetuosa de los derechos humanos”, indicó Belski.

El Protocolo sancionado en 2015 por la Nación establece su “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” e indica que debe ser puesto en práctica “por todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales.

Por ende, todas las jurisdicciones del país deben aplicarlo, adhieran o no, pero la iniciativa bonaerense brinda un reaseguro para mujeres, niñas y personas trans.

Entre sus aspectos más salientes, el protocolo también indica que “por tratarse en general de procedimientos de baja complejidad, la atención de las mujeres que requieren una ILE puede realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria”, es decir, en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) que tengan los recursos necesarios.

Del mismo modo, destaca la necesidad de que “se pueda brindar atención integral para ILE en todos los niveles del sistema de salud para atender a mujeres que presenten eventuales complicaciones o se encuentren en etapas más avanzadas del embarazo.

Además, establece que “es esencial identificar precozmente a las mujeres que presentan un embarazo en el contexto de las causales de ILEs, realizar la orientación en las opciones y, si la mujer decide interrumpir la gestación, no demorar la práctica”.

En otro orden, si se detecta a una mujer que cursa un embarazo no deseado pero que no se encuadra en las causales para realizar una ILE, se recomienda “derivarla a una consejería en reducción de riesgos”.