Editorial del diario El Popular (Olavarría)

"La acumulación de denuncias contra el juarismo en Santiago del Estero parece estar marcando el final de un régimen anacrónico y antidemocrático, una verdadera rémora que avergüenza a todo el país y oprime al pueblo de esa provincia, una de las más pobres del país.

"La gravedad de las imputaciones contra Carlos Juárez, quien ejerce desde hace muchos años un poder sin límites, y su esposa, Nina Aragonés, actual gobernadora por el único mérito del vínculo marital, demuestran con claridad cuál es la esencia del gobierno en trance de derrumbe.

"Desde los crímenes más atroces hasta el cobro indebido de beneficios previsionales, todo parecía estar permitido para los Juárez. No es que se desconociera que el gobierno de los Juárez era uno de los más claros exponentes del sistema caudillista que tanto daño le ha hecho a varias provincias argentinas, pero las revelaciones que están formulando hombres del riñón del poder político santiagueño estremecen.

"El ex hombre fuerte del juarismo, el ex jefe de Inteligencia Antonio Musa Azar, involucró ahora a Carlos Juárez en la desaparición de un concejal en 1975, el ex diputado Carlos Anauate dijo que la Gobernadora es la autora ideológica del asalto a la casa de un legislador opositor, quien salvó su vida en esa oportunidad escondiéndose de los atacantes.

"Tanto Musa Azar como Anauate están presos, imputados de haber tenido participación en el asesinato de dos jóvenes que el gobierno santiagueño intentó encubrir. Es evidente que la descomposición del régimen lleva, como ocurre siempre en estos casos, a la ruptura de los pactos de silencio, a las complicidades que permiten la persistencia de regímenes de este tipo.

"De proseguir las cosas por el camino que llevan, es muy probable que, como ocurriera años atrás en Catamarca y Corrientes, no quede otra alternativa que intervenir para evitar situaciones más graves.

"Una de las obligaciones del Estado nacional es asegurar a la población el pleno ejercicio de todos los derechos constitucionales, lo que implica, en el caso de Santiago del Estero y en otros, involucrarse directamente cuando los gobiernos provinciales no están en condiciones de hacerlos respetar, o, directamente, son quienes privan a sus gobernados de tales garantías".